La exabogada del senador Ferrada le reclama en el juzgado una minuta de 44.480 euros

La exabogada del senador del PP Alfonso Ferrada, María Jesús Domingo, le ha reclamado judicialmente el pago de una minuta de 44.480 euros por los servicios de defensa que le prestó en la querella que interpuso el PSPV de Burriana cuando Ferrada era alcalde. El Juzgado de Instrucción Nº3 de Vila-real acogió ayer el juicio por la demanda de impago contra el senador y exalcalde de Burriana, en el que la defensa pidió rebajar la factura a los honorarios del Colegio de Abogados de Castellón, hasta quedarse en 2.419 euros.

Domingo le reclama ahora judicialmente el pago de la minuta a su excliente después de que el consistorio de Burriana se negara a formalizar el pago. Según explicó ayer durante el juicio Iluminada Blay, secretaria municipal del Ayuntamiento de Burriana, la abogada presentó en mayo de 2009 la factura por la defensa del exalcalde pero José Ramón Calpe, su sucesor en la alcaldía, "no le dio la conformidad a esta factura, porque ya se había pagado una primera. No estaba ajustada a los honorarios del Colegio de Abogados de Castellón, y se consideraba excesiva".

Tras escuchar a la secretaria, la defensa de Ferrada insistió en que la factura presentada era "desproporcionada" y pidió que se rebajara, ya que "según el honorario del Colegio de Abogados de Castellón al trabajo realizado" correspondería una factura de 2.419 euros, "y no la cantidad injustificada que se reclama".

La abogada, sin embargo, aseguró ayer en el juicio que Ferrada "firmó la minuta con el precio concreto del servicio cuando no era alcalde de Burriana, en 2009, aunque nos haya dicho que lo había firmado como alcalde, y por tanto, lo hacía como persona física". Durante el juicio, Ferrada aseguró en un primer momento haber firmado la minuta de los servicios de Domingo como alcalde, aunque en 2009, Ferrada ya no ejercía el cargo de primer edil, por lo que la acusación entiende que el senador firmó la minuta, al igual que contrató los servicios de María Jesús Domingo. Por otra parte, Ferrada reconoció que no habló de honorarios con la letrada, y que nunca manifestó que estaba dispuesto a pagar la minuta.

Ferrada aseguró que la contratación de los servicios de la abogada se realizó en su condición "de alcalde", y explicó que se aprobó un acuerdo por el que el ayuntamiento asumiría los gastos de la defensa "siempre que fuera positivo" el resultado final, y también el de "los demás concejales que también estaban imputados, y de los que ya están pagadas las facturas".

Primera factura de 22.298

El ayuntamiento burrianense ya había pagado una primera factura del gabinete de abogados de María Jesús Domingo por la defensa de Ferrada en noviembre de 2007 por un importe de 22.298 euros. La secretaria municipal confirmó que se pagó "en concepto de indemnización al cargo que se asume, y si hubiera resultado condenado, el ayuntamiento no se hubiera hecho cargo".

Sin embargo, el ayuntamiento rechazó la segunda factura, "porque me dijeron que se excedía de lo que ellos entendían que se tenía que pagar", explicó Ferrada en el juicio. El actual senador reconoció que "debido a la crisis, le hice ver (a la abogada), que ya no en ese, sino en cuestiones particulares, mi situación era complicada", y de ahí que fuera "al ayuntamiento a intentar aclararlo, y de hecho fui con la intención de que se resolviera, porque yo entendía que se había hecho un trabajo y que había de satisfacerlo".

La acompañó al ayuntamiento

"La acompañé en dos ocasiones para poderlo resolver, porque no podía comprender por qué no se satisfacía, cuando había hecho el trabajo", explicó Ferrada. El senador aseguró que "si yo hubiera estado en el ayuntamiento, seguro que se hubiera resuelto satisfactoriamente, y no entiendo por qué no se ha hecho". Aún así, el juez preguntó a Ferrada por qué creía que el actual alcalde rechazó esta factura, a lo que Ferrada contestó que "con toda la sinceridad, no es lo mismo que te defiendan a ti, que defiendan a otro. No se ve desde la misma perspectiva, y estoy convencido que si hubiera sido él, lo hubiera visto de otra manera, seguro".

Ahora será el juez el que decida sobre el pago de los 44.480 euros por los servicios prestados en la defensa de la querella del PSPV, y que se le imputó al exalcalde por supuestos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente, delito de tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, delito de malversación y cohecho, y que quedó archivada en enero del 2009.