El ayuntamiento cobrará por usar el teatro del Raval y por emitir certificados

La revisión al alza de una veintena de tributos municipales en 2012 parece que no ha sido suficiente para cuadrar las cuentas del ayuntamiento y los castellonenses estrenarán el próximo año con dos nuevos gravámenes. El consistorio cobrará a partir de 2013 por cualquier certificado o documento que requieran los ciudadanos de los servicios municipales y por el uso del teatro del Raval, un espacio público que sobre todo es utilizado por los colegios públicos de la ciudad.

El equipo de gobierno informó ayer en las comisiones municipales que el pleno del jueves abordará un nuevo precio público por el alquiler del Raval y una tasa de expediciones de documentos locales. En el caso del teatro, sus usuarios pagarán 250 euros por el alquiler hasta cuatro horas y 500? por ocho horas. Esta medida afectará a los centros educativos, que actualmente se encuentran con escasos recursos por los recortes e impagos de la Generalitat. Son los principales beneficiarios de un edificio municipal y esta medida podría desincentivar su uso. También es demandado por compañías de teatro aficionado y el PP de Castelló ha celebrado varios actos políticos en este lugar.

La ordenanza fiscal de los certificados municipales comprende el pago de 6 euros por un informe de inscripción de un perro en el censo canino y de 90 euros por el expediente de tramitación de la licencia de posesión de animales peligrosos. También hará de pago los certificados de acuerdos o resoluciones municipales (5 euros), los informes de servicios prestados o superación de pruebas selectivas (20 euros), y los documentos de autorización de una conexión de alcantarillado (50 euros).

Fotocopiar expedientes con una antigüedad menor a cuatro años supondrá 3 euros la primera página y 0,02 el resto, mientras serán 6 euros la primera fotocopia si tienen más de 4 años. También se deberá pagar por los duplicados (por pérdida) de tarjetas especiales para circular. En este sentido, las personas con movilidad reducida o lo poseedores de tarjetas de bolardos o residentes aportarán 5 euros por un duplicado. Repetir una tarjeta sanitaria o una autorización para discurrir en viales restringidos acarreará 2 euros y para los vehículos de peso especial, 2, 65 euros.

Por otra parte, el PP aprobará una bonificación de un 25% de la plusvalía de donaciones.

"¿Para qué sirve el IRPF?"

Los tres grupos de la oposición (PSPV, Bloc y EU) criticaron estas nuevas medidas fiscales y afearon al PP que obligue a los ciudadanos a pagar los certificados municipales. "Algún día pedirán hasta entrada por acceder al ayuntamiento", ironizó la portavoz de Esquerra Unida, Carmen Carreras. "Precisamente el trabajo de los funcionarios es emitir certificados y ayudar a la gente a hacer gestiones. Si cobramos por esto significa que todo es de pago", espetó la regidora de EU, quien alertó que cobrar por el informe de inscripción en el censo canino puede provocar que la gente evite regularizar sus animales, incluyendo los perros peligrosos.

En parecidos términos se pronunció el portavoz del Bloc Enric Nomdedéu, quien lanzó esta reflexión a los munícipes populares: "Si todos los trámites del ayuntamiento son de pago, ¿el IRPF para qué sirve?".

Segunda presión fiscal más alta

El concejal del grupo socialista Javier Peris recordó que Castelló soporta la segunda presión fiscal más alta de las ciudades con más de 100.000 habitantes de la Comunitat Valenciana, según datos del Ministerio de Hacienda, que constatan que cada castellonenses sufraga 656 euros de media al año. A juicio del regidor socialista, "el ayuntamiento debería regular más el gasto recortando en coches oficiales y fiestas".

Cabe recordar que este año el gobierno local ha creado tres nuevas tasas, ha aumentado una decena de tributos y ha hecho de pago 11 servicios públicos quera gratuitos, entre otros el transporte adaptado o el Bicicas. Desde hace apenas unos meses los vecinos de Castelló pagan por la participación de la policía o de los bomberos en accidentes de tráfico o en actos públicos en los que participen (excepto manifestaciones y procesiones).