Los vecinos recurren ahora el decreto del Consell que protege el urbanismo de 2000

La anulación del Plan General de Ordenación Urbana del año 2000 de Castelló y la redacción de otro documento que ordena el Tribunal Superior de Justicia puede que no sea el último golpe judicial que recibe el actual planeamiento urbanístico. La asociación de vecinos (avenida Vila-real) que ha conseguido paralizar el PGOU de 2000 también ha recurrido el decreto transitorio aprobado por la Generalitat, el único salvavidas que mantiene ahora la ciudad y que legaliza los desarrollos consolidados.

La entidad vecinal abre este segundo frente después de que el TSJ comunicara el viernes que ha desestimado el recurso de súplica del ayuntamiento contra el último auto del tribunal que ha invalidado la última exposición al publico del PGOU, según avanzó ayer Levante de Castelló. Alega que el decreto, que tiene una vigencia de cuatro años, contraviene la legislación urbanística por saltarse el periodo de alegaciones. No en vano, los problemas judiciales que arrastra el plan de 2000 tienen su origen en la falta de un segundo proceso público.

El recurso de súplica era la última bala de los munícipes populares para intentar cumplir una sentencia del Tribunal Supremo de 2011 eludiendo la elaboración de otro PGOU. El Alto Tribunal instó hace un año al consistorio a repetir la exposición al público incorporando las nuevas leyes urbanísticas. Tras fracasar sus recursos, el ejecutivo local inició en septiembre este trámite refundando en el texto las novedades legislativas pero tramitándolo con la antigua ley urbanística (LRAU), una vía más rápida que con la actual LUV. Pero el TSJ tiró atrás en octubre esta actuación y el viernes reafirmó su decisión.

Así, el ayuntamiento tendrá que impulsar un PGOU "aplicando la normativa urbanística vigente". Es decir, deberá aprobar primero un estudio paisajístico y luego restituir el PGOU en sí. Estos dos pasos habrán de superar dos periodos de alegaciones, según fuentes jurídicas, lo que en la práctica supone la realización de un nuevo plan general.

La redacción de otro PGOU se prolongaría cuatro años y ahora los vecinos han puesto en cuestión el decreto del Consell que salvaguardaría las zonas urbanizadas durante la tramitación de dicho texto. La medida autonómica lleva aparejada la suspensión del PGOU de 1984 y una resolución judicial contraria al decreto podría desembocar en dos escenarios, según las mismas fuentes. Por un lado, Castelló recuperaría el planeamiento de 1984 si el TSJ anula completamente el contenido del régimen transitorio y, por otra, volvería el plan franquista de 1963 si la sala sólo cuestiona la falta de un periodo público y mantiene la suspensión de 1984 .

Recurso de casación

Ayuntamiento y Consell intentan seguir con la vía judicial y estudiarán si presentan un recurso de casación al Supremo para evitar la redacción de otro PGOU, según apuntó ayer el alcalde, Alfonso Bataller, quien señaló que el lunes los técnicos de ambas administraciones analizarán el auto. La portavoz de EU, Carmen Carreras, pidió responsabilidades políticas.