Castelló cree "inejecutable" la sentencia y acude al Supremo para salvar el PGOU

El Ayuntamiento de Castelló insiste en la vía judicial y acudirá al Supremo en un último intento de evitar la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. A pesar de los varapalos recibidos por dos autos del Tribunal Superior de Justicia, presentará un recurso de casación contra la resolución del TSJ que confirma la nulidad de la última exposición al público del PGOU y obliga a redactar otro documento, avanzó ayer el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet. El alcalde, Alfonso Bataller, alerta que elaborar otro plan tiene un coste de 3 a 5 millones de euros

En estos momentos el Plan General del año 2000 está anulado y la ciudad se rige por un decreto urbanístico de la Generalitat que sostiene las zonas residenciales de los últimos doce años construidas y consolidadas (con aprobación firme). El ejecutivo local apuesta por seguir pleiteando después de que hace un año el Supremo invalidara el PGOU de 2000 e instara a repetir el periodo de alegaciones incluyendo la legislación vigente. El Tribunal Superior de Justicia ratificó este fallo en julio y el ejecutivo local inició este proceso en septiembre. Sin embargo, en octubre, el TSJ tiró atrás el trámite municipal por basarse con la antigua ley urbanística (LRAU).

El consistorio rebatió en un recurso de súplica que sí ha refundado las novedades urbanísticas y que la actual normativa (LUV) permite tramitar con la LRAU los planes que fueron aprobados antes de derogarse la anterior norma (2006). El TSJ también ha rechazado la respuesta del ayuntamiento argumentando que "debe rectificarse" el Plan General de Castelló en base a la normativa urbanística en vigor, dado que el PGOU de 2000 quedó anulado con la sentencia del Supremo de 2011. "La exposición pública debe referirse a la realidad no sólo física sino también jurídica del momento", explica.

Los munícipes populares no se rinden y acuden al Supremo con el propósito de impedir la elaboración de otro planeamiento que, a juicio del PP y de la patronal, provocará una parálisis del urbanismo municipal, además de suponer un coste extra al erario municipal. Mulet se reunió ayer con el alcalde y con la asesoría jurídica y explicó que "hemos decidido presentar este recurso porque esta decisión judicial no la compartimos. "Hemos hecho lo que nos dijo el Supremo en la sentencia del 22 de noviembre que era adaptar el PGOU al momento actual y a la legislación vigente. Sin embargo, el TSJCV estima que no es así y como no compartimos esta decisión hemos recurrido ante el Supremo". El edil añadió que lo que pide el TSJCV "no es ejecutable de forma inmediata porque no se puede realizar un nuevo PGOU en dos meses".

2 meses para iniciar el trámite Este recurso tiene pocas posibilidades de prosperar. El ayuntamiento suma dos autos seguidos del TSJ que cuestionan su actuación y es complicado que el Supremo le dé la razón, máxime cuando la sentencia de 2011 que anula el PGOU de 2000 emana de esta jurisdicción. "La justicia ha dicho al ayuntamiento por activa y por pasiva que no tiene razón y que ha de cumplir la legislación vigente porque no lo ha hecho", afirmó Miguel Carceller, abogado que recurrió el PGOU de 2000. Asimismo, la admisión a trámite de este recurso no suspendería la materialización del auto, por lo que el ayuntamiento deberá iniciar la revisión del planeamiento en dos meses, tiempo que fijó el TSJ en julio en su orden de ejecución del fallo del Supremo.

A juicio del abogado, "el ayuntamiento debería afrontar la redacción conforme la legalidad vigente, incorporando las exigencias de la nueva legislación medioambiental, y no volviendo a hacer informaciones públicas de ficción que obligan a la gente a ir a los tribunales para defender sus derechos".

Decreto del Consell recurrido

La asociación vecinal demandante también ha recurrido el decreto del Gobierno valenciano por incluir unidades del PGOU de 2000 anulado. Su paralización supondría el regreso total del Plan General de1984.