EL TSJ admite a trámite el recurso contra la subvención a los centros que segregan por sexo en Castelló

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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha admitido a trámite la demanda de UGT contra las subvenciones públicas a los dos colegios del Opus Dei que segregan a su alumnado por sexos en la provincia de Castelló, en concreto en Betxí (Miralvent y Torremar), según confirmaron ayer fuentes del sindicato. Los magistrados consideran que hay base suficiente para abrir el procedimiento y han convocado ya a las partes afectadas (Generalitat, los dos centros y cualquier particular interesado) para que interpongan alegaciones. Dicho proceso se engloba dentro de una causa judicial global en la que UGT también ha recurrido las ayudas a otros cinco centros que discriminan por sexos en Valencia y Alicante -además de los dos citados en Castelló-.

UGT considera que la admisión del recurso es coherente con las dos últimas sentencias del Tribunal Supremo, que este año ha ilegalizado estas ayudas por ser contrarias a la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006. Las sentencias motivaron una reacción inmediata de los sindicatos en Castelló, que habían denunciado estos hechos durante años y que exigieron la anulación inmediata de cualquier financiación pública a los dos centros, que reciben cada año 1,6 millones de euros.

Pese a ello, la Conselleria de Educación se negó a romper el acuerdo de motu propio y alegó que se trataba de resoluciones vinculadas a otra comunidad autónoma; de modo que no actuaría a menos que le obligara una orden directa de los tribunales. Así lo justificaron textualmente los portavoces de Educación. "Estas sentencias no afectan a la Comunitat Valenciana porque se refieren a Cantabria y Andalucía, por lo que se va a mantener el concierto". Por si cabía alguna duda de las intenciones del PP, el propio ministro de Educación, Ignacio Wert, anunció públicamente que respaldará la financiación a los colegios segregadores y que, si ésta incumple la ley, entonces procederá a utilizar su mayoría absoluta para modificar la legislación y hacer que estas subvenciones sean "legales".

De uno u otro modo, el sindicato UGT aseguró ayer que está dispuesto a llegar hasta el final para que los tribunales obliguen al Consell a eliminar la financiación pública a los centros segregadores de Betxí. Es por ello que presentó un recurso que ahora ha sido admitido a trámite. Según el portavoz de Educación de UGT en Castelló, Laureà Puig, los argumentos jurídicos y la jurisprudencia del Tribunal Supremo son contundentes.

Por su parte, los dos centros afectados y la propia Generalitat Valenciana alegaron una vez más que les avala el "derecho constitucional de los padres a poder elegir el modelo de educación que quieren".

Discriminando desde la niñez

Los colegios implicados en la demanda pertenecen al Opus Dei y segregan al alumnado a partir de un criterio basado en el sexo según el cual no permiten que se matriculen niñas en los centros exclusivos para niños y viceversa. Como trasfondo ideológico basado en supuestas convicciones religiosas, se pretende evitar el contacto físico o social de los niños y las niñas en las aulas y durante sus años más importantes de aprendizaje escolar y humano.

El centro Miralvent (masculino) tiene en la actualidad 6 módulos de primaria y 3 de educación secundaria obligatoria (ESO) concertados con la Generalitat, por los cuales recibe 660.000 euros anuales. Por su parte, el centro Torrenova (femenino) obtiene un pago de 990.000 euros anuales por un total de 6 unidades de primaria, 6 de infantil y 3 de ESO.