Tres mil usuarios de teleasistencia pasarán a teleayuda y dejarán de recibir atención personalizada

La decisión del Imserso de eliminar el servicio de teleasistencia deja en situación de desamparo a 3.000 usuarios de la provincia de Castelló, la mayoría octogenarios que viven solos. La diputación se compromete a integrarlos en el sistema de teleayuda, que se limita a emitir una señal de socorro en caso de emergencia y que no incluye un seguimiento personalizado.

Dos son los sistemas de ayuda domiciliaria: la teleayuda y la teleasistencia. La primera corre a cargo de la Diputación y atiende a 1.500 personas de los municipios de la provincia que no disponen de este servicio. La segunda, con 3.500 beneficiarios, la cofinanciaban el Imserso (65 %) y la diputación (35%) y la prestaba Cruz Roja.

Ambas consisten en la instalación de un equipo emisor en el propio domicilio del usuario para pedir ayuda en caso de emergencia. La diferencia es que en la teleayuda se transmite un mensaje de socorro a una secuencia de números de teléfono de familiares, vecinos o personas allegadas; mientras que en la teleasistencia hay conexión directa con una central de Cruz Roja con personal especializado. Este último servicio va dirigido a personas que no tienen quien se ocupe de ellas en casos de urgencia.

El Gobierno central planea suprimir a partir del 1 de enero la teleasistencia y el Imserso dejará de aportar cerca de 700.000 euros al mantenimiento del servicio en la provincia. La diputación admite que no puede asumir en solitario el gasto que supone la teleasistencia. Para no dejar desamparados a los usuarios los derivará a la teleayuda, con unas prestaciones limitadas. La entidad provincial se compromete a comprar 3.000 nuevos dispositivos de teleayuda y el próximo año destinará 190.000 euros, además de lo que tenía previsto para la malograda teleasistencia.

El PP pasa de criticar a callar

La diputación no ha dirigido ni una palabra crítica al Gobierno de Mariano Rajoy por su decisión de dejar sin servicio de teleasistencia a miles de personas en la provincia de Castelló. Una posición sumisa que contrasta con la que mantuvo con el anterior Gobierno socialista, al que censuró por no atender sus peticiones de más terminales. En sucesivos años, el ejecutivo popular cargó contra el Ministerio de Trabajo (del que depende el Imserso) y le acusó de ir en contra de la ley de dependencia. Denunció la negativa del Gobierno de Rodríguez Zapatero a conceder nuevos dispositivos para atender la creciente demanda. Ahora que se suprime el servicio, el ejecutivo de Javier Moliner guarda silencio.