Oleada de peticiones de ayudas sociales del personal de diputación antes de eliminarlas

Empastes de muelas y cambios de gafas contrarreloj. La decisión del gobierno de la diputación de suprimir las ayudas sociales a los funcionarios ha provocado un aluvión de peticiones para acogerse a ellas antes de que caduquen. La entidad provincial ha tenido que realizar en tres meses dos modificaciones presupuestarias para incrementar los fondos y el tope de gasto de 200.000 euros para el presente año se ha visto desbordado. Los sindicatos han apremiado a los trabajadores a tramitar las ayudas, cuyo plazo de solicitud expira hoy. Y han provocado un auténtico efecto llamada, según admiten desde la institución.

A principios de octubre el ejecutivo de Javier Moliner anunció el final de los beneficios sociales para los casi 600 funcionarios de la diputación, que gozaban de diversas líneas públicas para la óptica, dentista, podólogo, recién casados, estudios de los hijos o el cheque-bebé. El gobierno provincial entendió que en la actual coyuntura no está justificado el mantenimiento de estos privilegios y, a cambio de su supresión, se comprometió a salvaguardar los puestos de trabajo de los interinos y a no bajar salarios.

Desde que se lanzara este anuncio, se ha constatado un notable incremento de solicitudes de ayudas, detrás del cual están los sindicatos. De hecho, la Junta de Personal distribuyó entre los 600 funcionarios un escrito en el que "insta a todos los trabajadores a que presenten solicitud de ayudas sociales correspondiente al cuarto trimestre, ya que durante 2012 se tiene derecho a las mismas". El documento incluso explica que en caso de que se hubiera agotado la partida presupuestaria "se incoará el oportuno expediente de modificación de créditos" para hacer frente a los nuevos gastos.

Y así ha sido. Ante la avalancha de solicitudes, el pleno de la diputación del pasado martes acordó incrementar en más de 96.000 euros el dinero destinado a ayudas sociales porque los fondos están agotados. Ya hubo una modificación similar en el pleno de septiembre para habilitar otros 30.000 euros. La diputación se marcó un límite para este año de 200.000 euros y ya se ha gastado casi el doble.

En 2013 será diferente, ya que se ha recortado en un 85 % la aportación a beneficios sociales y se han eliminado la mayor parte de las líneas. Los sindicatos han mostrado su malestar con el gobierno de Javier Moliner, que ha desmontado en año y medio los privilegios que les concedió Carlos Fabra en sus sucesivos mandatos. Fabra no reparaba en gastos, hasta el punto de que la diputación pagaba hasta la operación de miopía con láser a los funcionarios. Los sindicatos, obviamente, estaban satisfechos y nunca se escuchó ni una crítica hacia el gobierno provincial ni cuestionaron los nombramientos a dedo ni la amplia nómina de asesores.

Ahora que ven peligrar sus privilegios, sí que reparan en los cargos de confianza de Moliner y le piden que recorte este capítulo. Además, han mostrado su indignación con el reciente anuncio de que también se eliminan los seguros privados y la atención médico-farmacéutica de la que disfrutaban de forma exclusiva gracias a un convenio con el Hospital Provincial.