El Ayuntamiento de Castelló ha dictaminado seis derribos de viviendas en la Marjaleria en el primer trimestre de 2013 por estar en suelo no urbanizable. Para llevar a cabo este trámite exige a algunos propietarios pagos de hasta 33.000 euros. El equipo de gobierno emprende estos expedientes justo cuando la fiscalía investiga la situación de 67 edificaciones sancionadas por el ejecutivo local en los últimos tres años. No obstante y a pesar de estos procesos, no hay constancia de que se haya materializado el derrumbe de alguna edificación, según asociaciones vecinales.
Los seis procedimientos administrativos se han aprobado en las comisiones municipales celebradas este año, en unos casos por estar las viviendas en superficie no urbanizable y en otros por no tener la preceptiva licencia. El 20 de marzo, el ayuntamiento certificó dos requerimientos; primero desestimó las alegaciones presentadas por un particular e instó a tirar abajo una vivienda unifamiliar de 150 metros cuadrados, situada en el Camí la Mota, y reclamó al propietario el abono de 33.099 euros para ejecutar subsidiariamente los trabajos, mientras en segundo lugar rechazó el recurso de reposición contra las obras de un vallado realizadas sin licencia en el polígono 26. En la reunión del 11 de marzo, el ejecutivo local validó un expediente de demolición. Afecta a una vivienda con una planta, almacén y terraza cubierta que se ubica en suelo no urbanizable y que está valorada en 52.092 euros.
Anteriormente, en febrero, el ayuntamiento reiteró la demolición de las obras consistentes en la construcción de un almacén de 100 metros cuadrados, emplazado en el Camí la Plana; y en enero invalidó la reforma de un cocina en una casa situada en la carretera de Almassora por carecer de licencia, así como unas obras de ampliación de otra vivienda de la marjal.
Estos trámites se llevan a cabo mientras la Fiscalía de Medio Ambiente tiene en curso una investigación en la Marjaleria. El fiscal de Castelló abrió a finales de enero diligencias contra 67 edificaciones por un "presunto delito contra la ordenación en el territorio". Se tratan de viviendas que están inmersas en procesos de infracciones urbanísticos iniciados por parte del ayuntamiento. Todas ellas se encuentran en suelo protegido han sido sancionadas en los últimos tres años, es decir cuando no ha prescrito el delito penal La fiscalía ha atendido el recurso del colectivo ecologista de Gecen, que pretende "impedir el incumplimiento de la legislación urbanística y medioambiental en la Marjaleria de Castelló", y que también solicita que se investigue una posible inacción de la Generalitat y del ayuntamiento.
Cabe recordar que el ejecutivo local aprobó en 2006 131 infracciones y 56 órdenes de demolición, en 2007 y en 2008 dictó 115 y 109 expedientes respectivamente ;124 expedientes en 2009, 96 en 2010, 79 en 2011 y 73 este año. Y según Gecen, no hay noticias de alguna demolición ejecutada.
El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet, subraya que los expedientes de derribos de este años están desligados de la causa judicial y asegura que se limitan a cumplir la legislación urbanística.
Preocupación vecinal
Jorge Begués, portavoz vecinal de la Marjaleria, afirmó que los vecinos están "muy asustados" por los nuevos requerimientos y también lamentó que tengan que pagar por tirar sus casas. Apuntó que estudian recurrir esta decisión por la vía judicial.
