El azulejo alerta de que la reforma energética de Rajoy pone en peligro su viabilidad

El secretario general del PSPV de la provincia de Castelló, Francesc Colomer, exigió ayer al presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, que salde la deuda de 4 millones de euros que mantiene con el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC). "Se encuentra en una dramática situación como consecuencia del impago de las deudas de la Generalitat y con una mínima parte del dispendio de la publicidad improductiva del aeropuerto se liquidaría la deuda", advirtió Colomer, quien, a su juicio, "ahora más que nunca, urge un cambio productivo que pasa necesariamente por la apuesta por la investigación y la innovación como medios que permitan garantizar un crecimiento más equilibrado, diversificado y sostenible". Asimismo, el secretario general provincial destacó el trabajo realizado por el ITC y señaló que "ha jugado un papel vital para hacer más competitivas nuestras empresas en una provincia con elevadas cifras de personas desempleadas". Para Colomer, "no es de recibo la vorágine de recortes e impagos por parte del Consell en investigación e innovación, y más cuando, por ejemplo, el ITC ha contribuido a la prosperidad del sector azulejero, y en cambio ahora ve peligrar líneas de investigación".

El Gobierno golpea por segunda vez al sector cerámico de Castelló. Ahora acaba de suprimir las bonificaciones fiscales previstas en la cogeneración tras aplicar en 2012 una nueva tasa del gas. El final de las primas obligará a las empresas atomizadoras -transformadas de la arcilla en el producto que posteriormente fabrican las azulejeras- a asumir un sobrecoste de 3 millones. Esta medida adivina un aumento de los costes en la industria cerámica y amenaza con frenar la recuperación del principal tejido productivo de la provincia.

La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) dio ayer la voz de alarma y denunció que esta reforma energética, que fue aprobada por el consejo de ministros el pasado viernes, pone en riesgo la viabilidad futura de la actividad del sector "por los cambios normativos en la retribución de la cogeneración". La patronal afirmó que el sector "tendrá que hacer frente a un incremento "muy importante de los costes, debido a un aumento de los peajes y a la supresión de las actuales bonificaciones a las instalaciones de régimen especial, en el que está incluida la cogeneración, como son la del complemento por eficiencia y por la energía reactiva". "El nuevo régimen retributivo afectará sobre todo a la actividad de cogeneración, que ya fue recientemente castigada por la imposición de una tasa sobre el gas, reduciendo su rentabilidad y haciéndola inviable", añadieron las mismas fuentes, que apuntaron que no es posible trasladar a los precios este nuevo sobrecoste, "pues cerca del 80% de las ventas del sector se fundamentan en el exterior y un supuesto incremento mermaría la capacidad competitiva de la industria".

A este ajuste en las bonificaciones de la cogeneración se añade la tasa del gas introducida en 2012 . La presión de la patronal rebajó este gravamen y mitigó en parte los daños en el sector, pero la reforma energética pone en jaque de nuevo a la industria, que ha conseguido contener la caída de su producción y del empleo gracias a las exportaciones. "Ahora pagamos la luz más cara de Europa, y si no nos dejan producir nos tendremos que ir fuera", lamentó el vicepresidente de Ascer, José Castellano, quien consideró que esta medida responde únicamente a un interés recaudatorio del Gobierno. Ascer emprenderá la enésima campaña de presión a fin de reducir las pretensiones fiscales del Gobierno.