El TSJ obliga a Sanidad a pagar 12.000 ? a una enfermera infectada por VIH

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha atendido parcialmente el recurso de una enfermera del centro de salud Casalduch de Castelló que se contagió de VIH y obliga a la Conselleria de Sanidad a indemnizarla con 12.000 euros.

La sentencia eleva de 3.000 a 12.000 euros la cuantía de la indemnización por los daños y perjuicios, aunque queda lejos de los 400.000 euros que reclamaba la mujer. La afectada relató que se contagió en 2006, cuando extraía sangre a un paciente y sufrió un pinchazo accidental al retirar la aguja. Según señaló, comunicó el accidente a su coordinador, quien inició un protocolo que no se aplicó debidamente pese a que el paciente era de riesgo. También manifestó que nunca se le informó de que los análisis de sangre de la persona a la que extrajo sangre resultaron positivos para VIH.

La enfermera se realizó las pruebas pertinentes que dieron negativas y dio por sentado que no se había contagiado. Poco después, sufrió un proceso vírico que atribuyó a una gripe, hasta que, meses después, detectó que era seropositiva.

La demandante denunció la negligente actuación de la Administración. Por una parte, por no haberle impartido un curso de formación para el manejo de material de bioseguridad. Por otra, porque, una vez recibió el pinchazo, no se activaron los protocolos necesarios.

Por su parte, la Generalitat alegó que en el momento del accidente no podía calificarse al paciente como de riesgo. Añadió que la demandante sí que recibió información sobre medidas de seguridad.

En su sentencia, el TSJ parte de la base de que la administración ya había reconocido una responsabilidad patrimonial en el contagio. Por lo tanto, se centra en la cuantía de la indemnización. La conselleria la fijó en 3.000 euros, mientras que la demandante reclamó 400.000 euros. Por su parte, el Consejo Jurídico Consultivo entendió que debía ser de 10.000 euros al no haberse valorado los daños psicológicos sufridos. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia determina que la Conselleria de Sanidad debe abonar 12.000 euros a la enfermera.