El Consell elude pagar los 3,1 millones de indemnización de la avenida Generalitat

La Conselleria de Hacienda sigue sin ingresar el 25 por ciento de la indemnización fijada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a los expropiados de la avenida Generalitat de Almassora. Una semana después del vencimiento del plazo impuesto por la sala, las arcas autonómicas aún no han transferido los 3.158.758 euros a los vecinos afectados por el Plan Especial de Reserva de Suelo.

El tribunal impuso una condena solidaria al Ayuntamiento de Almassora y la Generalitat Valenciana del 75 y el 25 por ciento, respectivamente. El propio alcalde, Vicente Casanova, realizó las gestiones oportunas para obtener un documento firmado del Consell en el que el responsable de las finanzas autonómicas se compromete a hacerse cargo de esa parte de la condena.

El escrito obra en poder del consistorio tras el acuerdo del pleno del Consell del pasado 19 de abril. El primer edil lo mostró al vecindario recientemente para garantizar el aval de la Generalitat Valenciana a asumir el 25 por ciento. Cabe recordar que la institución autonómica no recurrió el auto judicial que estipuló las cuantías de las indemnizaciones a los afectados por el proceso urbanístico.

Una semana después de que expirara el plazo para liquidar la deuda, la Conselleria de Hacienda sigue sin confirmar si ha pagado los más de 3,1 millones de euros a los vecinos de Almassora.

Varios de los afectados sí han especificado que siguen a la espera de recibir el 25 por ciento de las compensaciones por la compra de los terrenos en 1997, en algunos casos una deuda que roza el millón de euros. El pasado 17 de julio obtuvieron el 75 por ciento procedente del consistorio municipal, mientras que el Consell, por su parte, ha incumplido el calendario marcado por el tribunal valenciano.

El recurso presentado por el Ayuntamiento de Almassora para establecer unos plazos más flexibles de pago sigue pendiente de resolución judicial, si bien es una cuestión menor tras haber satisfecho las cantidades indicadas en el periodo exigido por el TSJ. El proceso, no obstante, podría seguir enrocado en sede judicial en caso de que la Conselleria de Hacienda no transfiera los fondos a la mayor brevedad.

De momento, el incumplimiento de los plazos se traducirá en un incremento de los intereses en el importe a abonar a los vecinos afectados. Por otra parte, el tribunal podría ir más allá si aprecia "falta de diligencia en el cumplimiento", es decir, "indiferencia, desidia o inercia" para hacer efectivo el fallo. "No basta el mero retraso en el cumplimiento del pago", recuerda el auto del TSJ del pasado mes de enero.