Castelló encara la redacción del nuevo PGOU tras ser anulado hace 20 meses

El Ayuntamiento de Castelló dio ayer el pistoletazo de salida a la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana 20 meses después de que el Tribunal Supremo anulara el actual planeamiento. Ahora se presta a diseñar otro modelo urbanístico tras estar año y medio defendiendo, a través de recursos judiciales, la idoneidad del PGOU del año 2000 y alertando de una parálisis total del urbanismo municipal.

Así, el pleno aprobó ayer por unanimidad el primer trámite y encargó a los servicios municipales la elaboración de la documentación preceptiva al objeto de adaptar el Plan General a la legislación vigente e incorporar las propuestas planteadas en los foros urbanístico celebrados en esta primera mitad de año. El proceso de renovación de un PGOU es largo y complejo y de media se suele prolongar entre tres y cuatro años. Sin embargo, el ayuntamiento confía en que las últimas actualizaciones que ha llevado a cabo para cumplir con los requerimientos judiciales sirvan para acortar los plazos a los dos años. El coste de económico rondará los 1,5 millones de euros y el alcalde ha manifestado su propósito de promover un diseño de ciudad más sostenible frente al desarrollismo de la década del boom del ladrillo.

PSPV, Compromís y Esquerra Unida reprocharon al Partido Popular su tardanza en aceptar la redacción del PGOU, a la vez la que se congratularon de que al final se haya sumado a los planteamientos de la oposición, que viene reclamando un nuevo modelo urbanísticos desde que se emitió la primer sentencia anulatoria en 2008. El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet, que han seguido siempre las directrices de los servicios jurídicos y «en defensa de la ciudad» y apuntó que no se podía actuar cuando la sentencia todavía no era firme.

El origen del acuerdo de ayer se remonta a hace cinco años, cuando el Tribunal Supremo tumbó el PGOU de 2000 por eludir un segundo periodo de alegaciones. El entonces alcalde, Alberto Fabra, restó valor al fallo y repitió la exposición al público con el mismo contenido urbanístico y sin contemplar las novedades legislativa. En noviembre de 2011, el Tribunal Supremo tiró atrás l PGOU por ejecutarse mal la anterior sentencia e instó a revisarlo de acuerdo a las circunstancias materiales y jurídicas del momento.

Los munícipes populares intentaron también acelerar la modificación del PGOU y llevaron al pleno de septiembre el programa de 2000 2000 corregido, es decir, incorporaba las modificaciones de los últimos doce años pero se tramitaba según la ley derogada de la LRAU. Estas prisas también chocaron con la justicia y el Tribunal Superior de Justicia instó a las pocas semanas a rectificar este trámite por no basarse en la actual ley (LUV), que en la práctica suponía una nueva redacción. El ejecutivo local alertó de que este paso paralizaría la actividad inmobiliaria. Primero presentó un recurso de súplica y tras ser rechazado acudió al Supremo con otro de casación. A su vez encargó un informe a una consultora privada que supuso 11.000 euros a las arcas municipales.

Sin embargo, el alcalde rectificó a finales de año y admitió la redacción de otro marco urbanístico con independencia de la resolución final del Tribunal Supremo, que todavía dirime el recurso de casación. Primero convocó a las asociaciones ciudadanas de la ciudad a cinco foros de urbanismo para debatir sobre el foro de urbanismo y ayer comenzó el proceso formal.