La Generalitat Valenciana ha aparcado 24 expedientes sancionadores por recolección ilegal de caracoles ante la decisión de actuar por vía judicial de la fiscalía, que está intensificando la presión contra una práctica limitada por la ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad y que puede acarrear también delitos contra la salud pública, según informaron ayer fuentes próximas a la fiscalía y a la conselleria.
Los acusados son en su mayoría de nacionalidad búlgara -10 residentes en Burriana y el resto en Huesca, Valencia y Castelló-. Las mismas fuentes precisaron que en estos expedientes se implica a 30 personas sorprendidas en plena recolección o posesión a finales de mayo de 2013. No obstante, la Generalitat aparcará ahora el procedimiento administrativo ante la voluntad de la fiscalía de investigar la comisión de posibles delitos contra el patrimonio natural o la salud pública.
Esta decisión sale a la luz al tiempo que la fiscalía prosigue la causa contra otras 12 personas búlgaras (la mayoría también afincadas en el entorno de Burriana) que fueron arrestadas a finales de junio por supuestos delitos contra la salud pública derivados de la captura y venta al por mayor de caracoles terrestres. De hecho, fuentes próximas a la fiscalía no descartan que varios de los últimos arrestados coincidan con personas ya previamente denunciadas e identificadas por la conselleria en el expediente de finales mayo.
Estos acusados, a quienes se sorprendió con más de 4.000 kilos de moluscos terrestres en dudosas condiciones de salubridad, podrían enfrentarse a delitos contra la salud pública con multas de hasta 12.000 euros y penas de hasta 4 años de prisión, según informaron ayer fuentes próximas a la fiscalía.
La persecución de la recolección de caracoles ha aumentado exponencialmente durante los últimos meses, y muy especialmente tras las denuncias reiteradas de agricultores afectados por supuestos destrozos en muros, acequias y canalizaciones. Según dichas protestas, determinados recolectores profesionales destruyen paredes y estructuras para localizar a los caracoles que se ocultan en los periodos no lluviosos.
Ante esta situación, en 2012 se aprobó un decreto que limita la recolección a 1 kilo por persona y día y únicamente para consumo propio. Esta restricción es aún mayor para el codiciado caracol blanco (300 gramos por persona día), una especie que se vende a precios de hasta siete euros por docena, especialmente en ciertas regiones de Catalunya.
