La urbanizadora y los principales propietarios de Espai Vila-real, la zona comercial con mayor superficie aprobada a nivel autonómico, han solicitado la suspensión temporal del programa urbanístico, en base a la Ley 1/2012 de la Generalitat Valenciana de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas. El alcalde de Vila-real, José Benlloch, apuntó que esta normativa permite paralizar este tipo de proyectos durante dos años prorrogables otros dos años más. Este macrocentro comercial está impulsado por Porcelanosa, entre otras empresas. De hecho, entre la empresa cerámica con sede en Vila-real y Bankia, están repartidos cerca del 80 % del millón de metros cuadrados que ocupa la futura superficie.
Para conseguir la paralización, la empresa urbanizadora deberá aportar ahora documentación que avale la inviabilidad del proyecto y un informe de las medidas a adoptar para que el porcentaje de obra ejecutado se mantenga en condiciones, así como un estudio de los efectos económicos que la paralización pueda tener en las cuotas de urbanización cuando se retomen los trabajos en un futuro.
"Cuando la urbanizadora nos remita estos tres informes, valoraremos la situación y se decidirá qué solución adoptar", afirmó el primer edil de la ciudad que recordó que la suspensión deberá ser aprobada por el pleno municipal. A este respecto, Benlloch señaló que, en el caso de que se aplace el proyecto, se dispondría de "tiempo para reflexionar sobre qué queremos para una zona de la ciudad que es punto estratégico y escaparate de entrada a Vila-real, tanto por la N-340 como por la AP-7".
Bankia se hace con el 70 %
Benlloch indicó que Bankia adquirió recientemente los terrenos de otro de los bancos implicados en el proyecto, CaixaBank, por lo que se ha reducido el número de propietarios.
Tras este cambio de titulares, un 70 % de la superficie queda en manos de esta entidad bancaria, entre un 8 y 10 % en manos de pequeños propietarios y el porcentaje restante es de una empresa del municipio, Porcelanosa.
En la operación de compra de suelo entre bancos, el consistorio de Vila-real reclamó el cumplimiento de una serie de compromisos como la exigencia del pago de los 2,5 millones de euros adeudados a la constructora y el abono al ayuntamiento de los 319.000 euros que se debían en concepto de IBI. El alcalde destacó que esta situación ha permitido que la empresa constructora "cobrase lo que se le debía y sacarla del concurso de acreedores y, hacer posible el pago a las firmas constructoras que han participado en la obra".
Otro de los beneficios de la compra de los terrenos por parte de Bankia será que "vamos a decretar la anulación de los apremios e inicios de procedimiento de subasta de fincas por lo que los pequeños propietarios van a poder respirar por fin tranquilos y ya no van a tener que padecer más una amenaza", destacó Benlloch.
En dificultades en 2012
Espai Vila-real comenzó su ejecución en 2011 con la urbanización de una gran área comercial de cerca de un millón de metros cuadrados, enfrente de Porcelanosa, con unos derechos de urbanización de terrenos por valor de 150 millones de euros y casi 30 millones de inversión prevista. Con un 5 % aproximadamente de los trabajos ejecutados, la urbanizadora solicitó en el mes de septiembre de 2012 la paralización de las obras movida por los impagos de las entidades bancarias que los llevó a entrar en concurso de acreedores y motivó que el equipo de gobierno iniciara los procedimientos de apremio establecidos por la ley para que los propietarios liquidasen esa deuda e incluso se valoró subastar las parcelas en caso de impagos.
