Tal y como aprobó en la Junta General de Accionistas del pasado mes de julio, el consejo que preside David Cruz solicitó ayer formalmente el concurso de acreedores, vía por la que el CD Castellón pretende subsanar sus problemas económicos y garantizar la viabilidad a medio plazo. Los abogados del club presentaron ayer en los juzgados de la capital de la Plana la documentación pertinente y hoy, en Castalia, el propio Cruz dará una rueda de prensa para explicar la situación.
En la junta de julio, el consejo de administración, encabezado por el presidente David Cruz, decidió como se esperaba acogerse al concurso de acreedores, con la intención de reducir la deuda y garantizar la viabilidad del club, pero asumiendo también el riesgo, tal y como le indicaron varios de los presentes, de no llevarlo a buen término y consumar la disolución de la entidad.
En un animado debate, Cruz expuso sus argumentos para concursar. "El club está en causa de disolución, porque tiene unos activos mínimos y la situación real heredada es la que es. La solución es ampliar capital o solicitar concurso de acreedores. La primera no la contemplamos porque hablamos de cantidades enormes. Estamos abocados al concurso porque Hacienda y Seguridad Social, que son los principales acreedores, no han tenido voluntad para llegar a un acuerdo".
El abogado y secretario del consejo, José Cano Coloma añadió que en esta situación, "el concurso es una obligación legal, no una opción. Es un mecanismo que puede asustar, pero que permite la ley para salvar situaciones de crisis". Ante la oposición y la reticencia mostrada por los pequeños accionistas, Cruz apeló a la tranquilidad y la confianza. "Queremos convencer y lanzar un mensaje que cale. No vamos a dejar que el club se disuelva y si nos unimos se puede conseguir".
Ahora, llegado septiembre, Cruz ha dado un nuevo paso presentando la documentación en el juzgado. El proceso que se inicia permitirá negociar una quita sustancial en la deuda del club, que ronda según datos del consejo los cinco millones de euros y, asimismo, permitirá regularizar la situación con Seguridad Social y Hacienda y tener acceso a subvenciones. Por contra, en caso de no salir adelante, podría terminar en disolución.
