Los vecinos afectados por el Plan Especial de Reserva de Suelo (PERS) de la avenida Generalitat aprovecharán la reanudación de la actividad judicial para reclamar el cobro del 25 % restante de las indemnizaciones. Se trata de la parte que adeuda el Consell y que supera los 3,1 millones de euros. Los antiguos propietarios de los solares informarán al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana entre hoy y mañana de que la sentencia no se ha cumplido.

Según indicaron ayer, "antes de que acabe la semana presentaremos un escrito para que la sala active los mecanismos oportunos". Esta parte asegura que la Generalitat Valenciana se ha desentendido del proceso judicial que le condena a pagar junto al Ayuntamiento de Almassora las cargas derivadas de la nueva tasación del suelo. El plazo para liquidar la deuda venció el pasado 17 de julio.

Tal y como informaron los afectados, los abogados del Consell no recurrieron la sentencia ni tampoco se han puesto en contacto con la otra parte en este tiempo para acordar los términos de los pagos. "Ni han contestado ni nos han informado en el juzgado de la consignación del dinero", lamentaron. Ante el incumplimiento de la sentencia, añadieron, continuarán con el pleito cuando creían concluido un proceso que dura 16 años.

La condena, tipificada como solidaria, obliga a los demandantes a exigir el cobro a las dos administraciones a pesar de entender que el consistorio obró con rapidez para acatar el fallo. El tribunal decidirá si existe falta de diligencia para reunir las cantidades en los plazos estipulados. En caso afirmativo, el Consell se enfrentará a una multa a la que se sumarán los intereses acumulados en este tiempo.

La demora en los pagos sorprende a las partes, que valoran el esfuerzo del Ayuntamiento de Almassora por reunir 8,1 millones de euros en seis meses mientras la administración autonómica, con un presupuesto superior, esquiva el pago definitivo de los 3,1 millones. El alcalde, Vicente Casanova, señaló días atrás que cuenta con el compromiso verbal del gobierno de Fabra de efectuar la transferencia en breve, como se comprometió el pleno del Consell la pasada primavera.