La Asociación Valenciana contra la Corrupción presentó ayer una querella contra el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra y el alcalde de Castelló, Alfonso Bataller, tras la decisión del fiscal de archivar la denuncia por la contratación de asesores. El fiscal Ricard Cabedo, que se jubiló el lunes, no vio delito en que los asesores del grupo municipal trabajen en el PP. La asociación ha reproducido los mismos argumentos de la denuncia y ha formalizado la querella ante el TSJ. El colectivo ha seguido la misma estrategia que en otra de las acusaciones que presentó contra el conseller Serafín Castellano y que tras su archivo ha transformado en querella.
La fiscalía, como adelantó Levante-EMV el miércoles, archivó la denuncia contra el jefe del Consell y el alcalde de Castelló, Alfonso Bataller, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental por el nombramiento en junio de 2011 de dos asesores para dos puestos de trabajo en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castelló y que, según la asociación, trabajaban en realidad en la sede del Partido Popular.
El fiscal archivó la denuncia sin practicar ninguna diligencia al entender que la gestión de este personal corresponde al grupo. Indirectamente, da cobertura legal a una práctica que es generalizada en muchas instituciones y partidos.
El presidente de la asociación, Enrique Soriano, indicó ayer que han decidido presentar la querella para ratificar la acusación ya que consideran que el hasta ahora fiscal superior, Ricard Cabedo, "no debió haber entendido bien el contenido de la denuncia". El colectivo censura "la poca valentía del fiscal superior al no entrar a investigar el fondo del asunto a las puertas de su jubilación". La asociación insiste en que se necesitan "tribunales valientes" y confía en que el TSJ consciente de "la situación social en la que vivimos, dedique su tiempo a investigar la posible comisión de unos delitos en beneficio de todas las partes". El colectivo advierte de que "la ciudadanía necesita respuestas sobre este tipo de asuntos. El fiscal deja abierta con su decisión unas opciones peligrosas, que los políticos puedan con dinero público contratar asesores y destinarlos a trabajos de su interés".
