El Plan de Empleo Conjunto promovido por el Consell con la diputación y los ayuntamientos no sólo tiene un impacto muy limitado en el número de beneficiarios sino también en el ámbito geográfico al que va a llegar. Sólo 32 municipios de Castelló se han acogido al plan y el 85 % de los nuevos contratos se concentrarán en los diez municipios más poblados de la provincia. Más de cien localidades no han entrado.
El plan "estrella" de Alberto Fabra implica a la Generalitat, la diputación y los ayuntamientos con una aportación conjunta de poco más de 1,5 millones de euros en la provincia. Con esta cantidad se prevén subvencionar 1.479 nuevos contratos en Castelló, que en agosto registró 62.833 parados. El programa alcanza, por tanto, a poco más del 2 % de los desempleados.
La diputación ha sido la encargada de coordinar la puesta en marcha de la herramienta. La entidad presumió a finales de julio de que el 80 % de los municipios de la provincia se había interesado en acogerse al programa de empleo. Sin embargo, finalmente, sólo han accedido 32 de las 135 localidades, el 24 %. De estos 32 municipios, nueve acaparan el 85 % de los contratos a subvencionar. Se trata de las poblaciones más grandes, que concentran el mayor número de habitantes y parados. Entre otros, en la ciudad de Castelló se van a subvencionar 372 empleos; en Vila-real, 261; en Onda, 208; y en Burriana, 145.
El Plan de Empleo no llega a las dos terceras partes de los municipios castellonenses, pese a lo cual el gobierno de la diputación considera un éxito la iniciativa. Fuentes del ejecutivo explican que es normal que la petición de subvenciones se concentre en las grandes poblaciones, que es donde se ubican las empresas con posibilidades de contratar. Según señalan, las solicitudes de ayudas han desbordado el presupuesto asignado y no se han podido subvencionar todos los contratos requeridos.
El hecho de que la inmensa mayoría de los municipios del interior no se hayan acogido al Plan de Empleo Conjunto también tiene que ver con que no pueden otorgarse ayudas a empresas del sector primario, como son las agrícolas. También han quedado excluidas las empresas en crisis. Por estas últimas se entienden las que han perdido más de la mitad de su capital suscrito o más de una cuarta parte en el último año. También las que están en proceso de concurso de acreedores.
