Las asociaciones de directores de primaria y secundaria de Castelló y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fapa-Penyagolosa) advirtieron ayer a la Generalitat que se oponen a la eliminación de las ayudas de libros y la delegación de esta responsabilidad en los centros educativos.
Esta fue la respuesta unánime al anuncio de la consellera y de la directora general de innovación educativa, María José Català y Beatriz Gascó, que prevén sustituir las becas de libros por una ayuda directa a los centros para que ellos repartan libros entre un número limitado de familias en situaciones económicas casi extremas. Además, dicho material sólo se cedería temporalmente y pasaría a ser propiedad del centro.
Los portavoces de los directores de primaria lamentaron que se elimine la convocatoria actual «porque hay muchas familias que lo necesitan» y advirtieron que delegar el reparto de libros en los centros «está muy mal y sería problemático porque ahora hay un sistema regulado con unos criterios y los directores no tenemos acceso a la información económica; además de que podría generar conflicto con los padres que van a pedir explicaciones de por qué a su hijo no y a otro compañero sí».
En la misma línea, los directores de secundaria redundaron en los enfrentamientos que se podrían generar y advirtieron que la elección de las familias más necesitadas «la deben de hacer los técnicos especializados y bajo unos criterios como hasta ahora».
Ambas reflexiones fueron respaldadas por la portavoz de Fapa-Penyagolosa, que cuestionó los recortes del Consell en ayudas, profesorado y recursos para la educación pública. «No se puede tolerar que se elimine una ayuda muy necesaria (que en dos años no se ha pagado) y que además se quiera cargar a los centros con la responsabilidad. Lo que nos debe explicar la conselleria es a dónde deriva el dinero presupuestado en partidas finalistas que deberían haber llegado y no llegan». Tirado también cuestionó que «casualmente» se haya incrementado el alumnado en colegios concertados y advirtió que las Ampas lucharán contra lo que consideran un intento de «atacar a la educación pública» y «favorecer la privatización».
También llovieron más críticas desde UGT, que acusó al Consell de ofrecer ratios de alumnos por clase que no se ajustan a la verdad, dado que se trataría de un promedio que obvia que en determinadas clases se está alcanzando «una cifra inasumible de hasta 30 estudiantes en primaria, 36 en ESO y 42 en bachillerato y FP, lo cual impide atender con una mínima calidad a los alumnos».
De forma paralela, en el seno del profesorado se reiteraban ayer las críticas por lo que consideran un prematuro inicio de curso, ya que se dispone de apenas una semana después del periodo vacacional de agosto para todos los preparativos.
La tensión crece y los sindicatos de Castelló ya confirmaron ayer que respaldarán en las próximas semanas movilizaciones, una huelga general y una consulta popular sobre los recortes y las reformas de la Ley Wert.
Pañella: no puede haber placidez
El diputado de Compromís por Castelló, Josep Maria Pañella, declaró ayer que la imagen de placidez y de normalidad que intenta mostrar la consellera ante el inicio del curso escolar «es completamente falsa , y ella lo sabe perfectamente».
Pañella señaló que no puede haber placidez ni normalidad «cuando su conselleria sólo ha pagado una pequeña parte de la deuda que mantiene con los centros escolares por el tema de los comedores, y continúa todavía debiéndoles la mayor parte del dinero; no puede haber placidez ni normalidad cuando han llevado a cabo la curiosa operación de reducir en 70 personas el profesorado existente en las comarcas de Castelló, a pesar del aumento de más de 1.200 alumnos; y es muy complicado hablar de placidez y de normalidad cuando los barracones escolares no sólo no disminuyen sino que aumentan, y cuando vemos casos como el del colegio de Almenara.
