La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo instó a la Comisión Europea (CE) a que investigue si la Ley de Costas española, que entró en vigor a finales de mayo, cumple las directivas comunitarias en un informe publicado ayer. En un escrito en el que también pidieron un sistema de compensaciones "justo" para todos los propietarios cuyas casas fueron demolidas o expropiadas en aplicación de la antigua ley, los eurodiputados calificaron como "deplorable" que con la nueva legislación "no se haya conseguido prácticamente mejorar la seguridad jurídica con respecto a los derechos de propiedad" y lamentaron sus "deficiencias y ambigüedades" en cuanto a protección ambiental.

Hasta ocho directivas europeas, además de otras normas, podría infringir la Ley de Costas, según el informe del Parlamento, que solicitó a la CE que se pronuncie al respecto antes de diciembre de 2013. En concreto, recomendó a la Comisión que examine si la legislación española se ajusta a la Directiva Hábitat, la Directiva relativa a las aves silvestres, la Directiva marco del agua, la Directiva relativa a la calidad de las aguas de baño, la Directiva relativa a las aguas residuales urbanas, la Directiva de evaluación ambiental estratégica, la Directiva relativa a las inundaciones y la nueva Directiva marco relativa a la gestión integrada de las zonas costeras.

El informe de la Comisión de Peticiones, redactado tras una visita de sus miembros a Madrid en marzo y aprobado por 16 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones, aseguró el "desarrollo económico, que, por desgracia, coincide casi totalmente con el sector de la construcción", es "incompatible con la protección de una zona costera muy vulnerable y ecológicamente frágil". Además, señalaron que el hecho de que la línea de demarcación pueda revisarse cada vez que se produce un cambio en la línea de la costa genera una inseguridad adicional, "pues lo que es legal hoy podría dejar de serlo mañana".