El final de la gratuidad del transporte público para jubilados y discapacitados entró ayer en vigor con la oposición de dos de las tres coordinadoras vecinales de Castelló, la Unión de Consumidores y las plataformas de discapacitados. La federación de asociaciones ciudadanas que dirige Amalio Palacios y la agrupación vecinal provincial que preside Victoria Amores se sumaron ayer al movimiento crítico e instaron al alcalde, Alfonso Bataller, a mantener la gratuidad al menos a los pensionistas con rentas más bajas.
Los sectores afectados pagarán 18 euros anuales una vez caduque la vigencia de las actuales tarjetas gratuitas -tienen una duración de un año-. Para ello acudirán a la tenencia de alcaldía de su distrito para comprobar el estado de su tarjeta y la sustituirán por el "bono Oro" cuando expire su tiempo de uso.
Los presidentes de las dos entidades vecinales mencionadas -con la tercera coordinadora no pudo contactar este diario- consideraron ayer injusto este nuevo precio público y solicitaron al primer edil una rectificación. Palacios trasladó además por escrito una propuesta alternativa que excluye del nuevo pago a las rentas más bajas. Con un marcado contenido progresivo, plantea la gratuidad para las pensionistas cuya retribución no alcance el salario mínimo interprofesional -653 euros al mes (la mayoría de pensiones no contributivas de Castelló), un bono de 9 euros anuales para los jubilados que cobren hasta 1.000 euros mensuales y 18 euros al año para el resto de pensiones.
El bono de 18 euros generalizado agravará, a juicio del colectivo vecinal, "la situación de los pensionistas". "Si bien es cierto que existen pensiones con un nivel de renta alto, también es lamentablemente cierto y mucho más usual la existencia de pensionistas con rentas inferiores al salario mínimo interprofesional", aduce en su misiva la citada entidad. La presidenta de la federación provincial de vecinos de Castelló, Victoria Amores, también se adhirió a la petición de Palacios y se desmarcó del bono Oro del ayuntamiento.
Las asociaciones vecinales lamentan que esta decisión no ha pasado por el Consejo de Participación Ciudadana ni por el Consejo Social de la Ciudad. El equipo de gobierno informó la semana pasada al consejo consultivo de Gente Mayor y sus representantes expresaron su comprensión con la misma, según aseguró el presidente de esta entidad consultiva y la concejala de Gente Mayor, Marisa Ribes.
