El presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, defendió ayer que toda la construcción y la operación del almacén de gas Castor frente a las costas de Vinaròs "se ha hecho de acuerdo con las normativas más exigentes, las que se siguen en la zona del Mar del Norte en países como Noruega".
Así lo manifestó en una jornada del Instituto de la Ingeniería de España, en la cual Del Potro recalcó que la vuelta al funcionamiento de Castor "dependerá de lo que diga el Gobierno" y en la que también evitó entrar en el tema de las indemnizaciones y del coste del proyecto.
El presidente de Escal UGS, que gestiona el almacén y está controlada en un 66 % por el grupo constructor ACS, apuntó que la sismicidad en la zona ha coincidido temporalmente con la inyección de gas colchón, "aunque con matices". Del Potro hizo hincapié en que la instalación está "en perfectas condiciones" y mencionó las numerosas autorizaciones, cerca de medio centenar en el proceso de construcción, y la multitud de estudios y sondeos que ha llevado aparejados la infraestructura. "Pocos (proyectos) han seguido un esquema tan complejo de autorizaciones", aseguró.
Entre los estudios llevados a cabo por la empresa, Del Potro destacó uno elaborado en Francia "que aseguraba que se podía elevar la presión hasta 49 bares sin riesgo, una magnitud que solo llegó a alcanzar los 8 bares". "Se conoce con mucho detalle el medio geológico de la zona (...) Las fallas están perfectamente cartografiadas", señaló el directivo de la empresa.
La actividad del almacén subterráneo de gas Castor, ubicado a 21 kilómetros frente a las costas de Vinaròs (Castelló), se encuentra paralizada desde el pasado 26 de septiembre hasta que se analice su posible relación con los cerca de 500 seísmos registrados en la zona.
Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunció la semana pasada que ha impugnado ante el Tribunal Supremo la cláusula que obligaría al Estado a indemnizar a la empresa incluso a pesar de un cierre motivado por negligencia o dolo de la concesionaria. En suma, el coste del proyecto asciende a 1.700 millones de euros y, según el acuerdo con el Gobierno, éste debería pagar a través de las tasas del gas alrededor de 3.700 millones de euros en el año 2038.
Mientras la polémica sigue viva el entorno del almacén volvió a registrar a primera hora de ayer dos terremotos de 2,2 y 1,8 grados en la escala de Richter, perceptibles para la población.
El grupo municipal de Bloc-Compromís en el Ayuntamiento de Vinaròs presentó ayer una moción por la que pide la parada definitiva del almacén submarino de gas Castor, la cual será debatirá en el pleno ordinario de este mes de octubre.
El portavoz municipal del Bloc-Compromís, Domènec Fontanet, explicó ayer que en la moción "pedimos que se solicite al Gobierno español la parada definitiva y permanente del almacén de gas submarino Castor, y su posterior desmantelamiento porque su puesta en funcionamiento no ofrece ninguna certeza ni seguridad de que no se vuelven a reproducir terremotos de igual magnitud o superior".
Asimismo, se pide al gobierno de la Generalitat Valenciana el amparo y defensa de los municipios afectados, utilizando los instrumentos políticos y jurídicos necesarios ante las instituciones españolas y europeas. J.J. Benitovinaròs
