«Ineficaces e insuficientes». Así califica el decano del Colegio de Abogados de Castelló, Antonio Esteban, las iniciativas legales que se han promovido en nuestro país para evitar los desahucios de las familias que, por diversos motivos, no han podido seguir haciendo frente al pago de las hipotecas que en su día contrajeron con las entidades bancarias.

«No se ha abordado seriamente solución alguna a la insolvencia de las familias», alertó el experto, que presidió hace unos días la jura de los nuevos letrados. Esteban también recordó que el Colegio de Abogados de Castelló, a través de convenios con los ayuntamientos y la Diputación Provincial, estableció en la capital de La Plana, Vila-real, Burriana, Benicarló y Vinaròs «un servicio de asesoramiento gratuito para los ciudadanos que no pueden hacer frente a sus préstamos hipotecarios y de mediación ante las entidades acreedoras con el fin de buscar una solución extrajudicial». «En menos de un año el servicio ha atendido a más de 1.000 ciudadanos y conseguido soluciones para muchos de ellos», dijo. El decano del Colegio de Abogados de Castelló también aludió a la nueva Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores. Según criticó, «aunque se ha pretendido dar un tratamiento a las deudas de los empresarios personas naturales , incluidos los autónomos, no se resolverá nada». «Los requisitos fijados para la condonación de las deudas no satisfechas con la liquidación de los patrimonios serán de imposible cumplimiento», aventuró.

El representante de los abogados castellonenses alertó de que la crisis «ha puesto aún más de manifiesto las crónicas e insostenibles carencias estructurales, organizativas, tecnológicas y presupuestarias que arrastra la justicia desde siempre y que afectan a sus inaceptables tiempos de respuesta».

Respecto a la Ley de Tasas 10/2012, valoró que «vino a limitar gravemente, cuando no a impedir con la exigencia de su pago, el acceso de los ciudadanos, y en especial de los menos favorecidos, a los procesos y a los recursos», por lo que reiteró la oposición de la entidad a su cobro.

En relación a la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial que proyecta el Ministerio de Justicia, Esteban advirtió de que la sustitución de los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Unipersonales y de Partido por un Tribunal de Instancia de carácter colegiado con ámbito, competencias y sede provinciales «comportará un enorme coste económico, insostenible e insoportable a corto y medio plazo». «Se perderán los esfuerzos e inversiones que en los últimos años se ha realizado para dotar a los partidos judiciales de edificios e instalaciones adecuadas que, en muchos casos como el de Vila-real, inaugurado recientemente, se perderán».

Además de los criterios económicos,Esteban especificó que «se quebraría el tradicional y obligado criterio de proximidad a los ciudadanos, además detener una negativa incidencia en la cohesión de los territorios e incluso en el futuro de los colegios de abogados y procuradores de ámbito no provincial, cuya permanencia podría verse comprometida». El abogado también recordó que «aunque nos consta que la Conselleria no comparte el criterio del Ministerio y se opone a la desaparición de las Oficinas Judiciales de Partido, su informe, aunque preceptivo, no es vinculante».