El Ayuntamiento de Castelló redimensionará a la baja en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana la superficie de seis millones de metros cuadrados de suelo urbanizable proyectada en el planeamiento del año 2000. El antiguo PGOU, ahora anulado, recoge la construcción de 13.000 nuevas viviendas cuyos planes urbanísticos se encuentran en estos momentos paralizados y el alcalde, Alfonso Bataller, avanzó ayer que los terrenos urbanizables serán ajustados y que el escenario futuro será sostenible y adaptado a la actual coyuntura.
El gobierno local arrancó el pasado mes de julio la tramitación formal del nuevo PGOU año y medio después de que el Tribunal Supremo anulara el planeamiento de 2000 e inició la redacción del documento de inicio. Este informe ya está ultimado y será enviado en breve a la Generalitat para su estudio, explicó el alcalde, quien dio cuenta de los diferentes pasos que ha de encarar el nuevo Plan General y confió en que esté aprobado antes de las elecciones municipales de junio de 2015.
Bataller reiteró que la revisión no tiene marcha atrás con independencia de lo que resuelva finalmente el Tribunal Supremo, que dirime un recurso de casación del consistorio la ultima anulación del propio Alto Tribunal, y resaltó que el futuro ordenamiento incluirá las 60 propuestas trasladadas por la sociedad civil en los cinco foros de urbanismo celebrados en el primer semestre de año. Los agentes sociales de la ciudad apuestan por un urbanismo más racional frente al "desarrollismo de PAIs" del PGOU de 2000 -preveía una población potencial de más de 230.000 habitantes- y una reducción del suelo urbanizable.
El proyecto de elaboración del PGOU consta de seis fases. Mientras tanto, la ciudad se regirá por un decreto urbanístico transitorio del Consell. El ejecutivo local solicitará informes sectoriales a las diferentes administraciones y a los municipios limítrofes, promoverá hasta dos periodos de alegaciones y en último lugar deberá contar con el refrendo de la Conselleria de Territorio.
El documento de inicio integrará un dictamen de evaluación ambiental estratégica -líneas básicas de los usos de suelo de la ciudad y de la normativa ambiental y urbanística vigente- y será trasladado a la Conselleria de Infraestructuras. El Consell demandará informes sectoriales a las administraciones implicadas -de inundabilidad, paisaje, ruido, impacto económico o estudio geológico, entre otros- y realizará un documento de referencia, que contemplará los pilares fundamentales del futuro PGOU. Éste se someterá a una consulta de 45 días, continuó el alcalde y, posteriormente, el ayuntamiento expondrá al público el Plan General provisional. Por último, el planeamiento será refrendado directamente por la Generalitat o se enfrentará a otro periodo de alegaciones si se registran cambios sustanciales en la primera exposición al público.
El grueso de la redacción correrá a cargo de los técnicos municipales, pero el ayuntamientos también encomendará a equipos externos la elaboración de diferentes informes ambientales. El coste de los mismos ascenderá a los 300.000 euros, según Bataller. Esta semana se licita uno de paisaje con un precio de 60.000 euros.
Final del actual plan
La revisión del Plan General pone fin a meses de incertidumbre en el urbanismo de la ciudad. Los munícipes populares tardaron un año en aceptar su nulidad y, ahora, aunque consideran que actuaron de forma correcta con el anterior PGOU, se prestan a realizar un nuevo planeamiento. El alcalde sostiene que las actuales circunstancias son propicias para llevar a cabo este trabajo.
