El investigador Policarpo Sánchez ha decidido acudir a los tribunales para exigir a la Generalitat de Catalunya que devuelva al Archivo de Salamanca los papeles incautados de la Guerra Civil, entre los que figuran numerosos documentos relativos a ciudadanos castellonenses.
Sánchez presentó el pasado martes, día 12 de noviembre, un recurso de alzada ante el consejero de Cultura de la Generalitat de Catalunya para denunciar el silencio administrativo de la entidad catalana ante la solicitud que presentó el 12 de febrero de 2013. En ella, el investigador pedía la inmediata devolución de la documentación ilegalmente recibida entre los años 2006 y 2011 del Archivo de la Guerra Civil, así como la no restituida a sus legítimos propietarios y el traslado al centro de todos los documentos que no habían sido digitalizados.
Entre los papeles que reclamaba figuraban diversos documentos vinculados a Castelló, como carnés de afiliados de la CNT o libros de actas de los sindicatos que en su día fueron interceptados por las tropas franquistas.
«Sólo pedíamos al gobierno catalán que cumpliese la Ley y acatase la Sentencia Judicial pero, después de ocho meses de espera, el 14 de octubre la Generalitat de Catalunya confirmó que no iba a contestar nuestra solicitud, lo que nos ha llevado a la presentación del correspondiente recurso de alzada, previo a la vía judicial», afirmó Sánchez.
El investigador acusó al gobierno catalán de «burlarse» de la Ley y de la Sentencia del Tribunal Constitucional relativa al Archivo General de la Guerra Civil Española, «también en el caso de las digitalizaciones que debieron depositarse en Salamanca como condición previa al traslado de los documentos».
«Incumplimientos»
«En el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca no se han dejado copias o duplicados debidamente autenticados, lo que supone, en la práctica, la destrucción del archivo, al no poderse garantizar su finalidad y función fundamental», denunció el experto, que recordó que el objetivo era «reunir, conservar y disponer sus fondos documentales para investigación, cultura e información». «El Gobierno que preside Artur Mas se llevó los originales y no dejó las copias», denunció el experto.
En ese sentido, puntualizó que «el motivo de nuestra reclamación es exigir el cumplimiento riguroso de la Ley y de la Sentencia del Tribunal Constitucional y proteger el patrimonio histórico y cultural de todos los españoles, que se verá gravemente dañado si se consuma el desmantelamiento de un archivo estatal, como es el caso».
