La Fiscalía contempla ampliar la investigación del Castor a un año ante su «complejidad»
La planificación inicial es terminar la instrucción en seis meses pero no se descarta pedir una prórroga, según confirmó ayer el fiscal jefe

Inspección de la Guardia Civil en la planta de gas. / guardia civil
n. s./n. m. castelló
La Fiscalía de Castelló sigue investigando de oficio las autorizaciones del Ministerio de Medio Ambiente al proyecto Castor y prevé ampliar el plazo ante la «complejidad» del caso. Tal como explicó ayer el fiscal jefe, Jose Luis Cuesta, el plazo inicial es de terminar la instrucción en seis meses pero no descartan pedir una prórroga de otros seis meses ante las dificultades que presenta una investigación de este tipo. Asimismo, Cuesta confirmó que la Fiscalía sigue controlando la planta de gas instalada en las costas de Vinaròs para que no inicie la actividad que supuestamente habría provocado los seísmos registrados en los últimos meses.
Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas también ha admitido nueva documentación en la causa judicial que investiga la información contable del Instituto Geológico y Minero de España (Igme) y del proyecto Castor a la busca de posibles irregularidades en el proceso de información favorable al almacén de gas. Además, ha dado un plazo de cinco días al abogado del Estado y a la Fiscalía para que presenten las correspondientes alegaciones.
La investigación, que surge a partir de la denuncia de una empresa de ingeniería (Cita), surge después de que se hayan registrado 500 seísmos en el entorno del Castor y también fue trasladada en similares términos a la Fiscalía de Castelló, a la cual se le pide que indague en una posible relación entre el Castor y las supuestas irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización del Instituto Geológico y Minero de España respecto al año 2008, aprobado el 25 de julio de 2013.
El escrito de denuncia alega que en la primera de las 16 conclusiones del citado informe del Tribunal de Cuentas se indica textualmente: «La gestión que realiza el Igme de los convenios de colaboración y de los proyectos técnicos realizados en ejecución de los mismos no permite conocer su coste ni por tanto el valor de los productos de los respectivos trabajos, lo que podría dar lugar a que el Igme hubiese obtenido un exceso indebido de financiación y que hubiese pagado, complementos de productividad por importe no justificado».
Además, ahora, el Ministerio de Medio Ambiente ha confirmado que antes de final de año trasladará a la Unión Europea la ampliación de dos zonas de protección entre el Delta del Ebro y el sur de la reserva marina de les Illes Columbretes, que impondrá nuevas exigencias ambientales que afectarán al proyecto Castor de Vinaròs.
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