El Ministro de Industria, José Manuel Soria, reconoció ayer que el Gobierno «no está en estos momentos en condiciones de saber exactamente qué es lo que va a ocurrir» con el almacenamiento de gas Castor, cuya actividad fue paralizada en el mes de septiembre debido a un periodo sísmico que generó más de 500 terremotos en la costa de Vinaròs. Además, tal como adelantó este diario, confirmó que ha pedido informes adicionales a «expertos internacionales», aunque no quiso revelar el nombre de los científicos o instituciones concretas.
Soria, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, aseguró que en la actualidad están a la espera de la opinión de algunos expertos internacionales a los que se ha consultado sobre la situación.
El ministro recordó que, en su día, el ejecutivo solicitó un informe al Instituto Geográfico Nacional y al Instituto Geológico y Minero de España, y admitió finalmente que ha recibido dichos informes. Eso sí, el ministro sigue eludiendo explicar oficialmente el contenido y se limitó a que dichos documentos le han aportado «preliminarmente con algunas ideas». No obstante, señaló que el Gobierno «quiere contar también con la voz de algunos expertos de otros países con mayor experiencia en sismicidad y que pueden indicar mejor qué es lo que realmente ocurrió con estos movimientos sísmicos que se han producido entre julio y octubre». El titular de la cartera de Industria, Energía y Turismo también recordó que el Supremo ha sentenciado que la cláusula del real decreto que autorizaba el almacenamiento y que prevé indemnizaciones para la empresa en caso de paralización de la actividad -incluso en caso de dolo o negligencia- «no es lesiva» para los intereses generales del Estado. Pese a ello, según Soria, «si eso llegara a demostrarse, entonces no habría lugar a esa indemnización por el valor residual de la explotación».
Por lo pronto, el coste que debe pagar el Gobierno si la planta sigue en funcionamiento es de 3.789 millones de euros a plazos hasta el año 2.038. En el supuesto de cierre por riesgo de terremotos, la indemnización a la empresa Escal UGS (propiedad del presidente del Real Madrid Florentino Pérez) podría superar los 1.700 millones de euros.
El pleno de la Diputación de Castelló acordó ayer solicitar al Ministerio de Industria que le facilite de forma urgente, cuando estén concluidos y con el mayor rigor técnico, los diferentes estudios que fueron encargados al Instituto Geológico y Minero para determinar exactamente el origen y las causas de los «micro-seísmos» detectados en el entorno del almacén de gas submarino Castor, a 21 kilómetros frente a la costa de Vinaròs.
