El 80 % de los funcionarios de la Ciudad de la Justicia de Castelló se concentraron ayer a las puertas del edificio para manifestar su oposición a la privatización del registro civil, según informaron desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F). El sindicato advirtió que la reforma anunciada por el Ministerio de Justicia supondría el pago de unas tasas por servicios públicos que el ciudadano «ya sufraga con sus impuestos», explicó el portavoz sindical Arturo Losada. Además, para el sindicato también implicaría un recorte en la plantilla del funcionariado.
«Los empleados públicos no están dispuestos a aceptar una nueva maniobra que supone la mercantilización de su puesto de trabajo», añadieron desde la central sindical.
Asimismo, señalaron que van a promover la oposición de los alcaldes, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), «teniendo en cuenta que esta privatización puede dejar a los ciudadanos de los municipios más pequeños sin el servicio de registro que se presta a través de los Juzgados de Paz».
