Representantes de la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic celebraron ayer tres manifestaciones en Valencia, Alicante y Castelló para denunciar la «grave amenaza» que, a su parecer, padece la escuela pública valenciana, además de expresar su rechazo a los recortes y a la Ley Orgánica de Mejora de al Calidad Educativa (Lomce).

Desde la entidad remarcaron que las protestas «pretenden evidenciar el malestar por los recortes educativos, la supresión de unidades, el cierre de escuelas y la aplicación de la Lomce». Para ello escogieron lemas como Cap escola es tanca, Aturem la LOMQE o No a les retallades.

Desde la Plataforma denunciaron que la escuela pública valenciana «está gravemente amenazada por las políticas educativas del Consell, que se basan en el incremento desmesurado de las ratios escolares exigibles y el establecimiento del distrito único de escolarización». Según criticaron, esas medidas «conducen a la supresión de unidades educativas, especialmente de líneas en valenciano, que son los programas óptimos de enseñanza y garantía de calidad educativa, así como el cierre de colegios públicos con la consiguiente pérdida de atención educativa para la ciudadanía con menos recursos».

Desde la entidad detallaron que «para el próximo curso escolar 2014-2015, con estas medidas son más de 100 las unidades escolares que se suprimen en la escuela pública valenciana y se pierden más de 150 plazas docentes». «A esta política radicalmente neoliberal, que incluye recortes educativos en los presupuestos públicos y la cesión de suelo público para la construcción de centros educativos de gestión y titularidad privada, se une la política educativa neoconservadora y reaccionaria del Gobierno», afirmaron. Así, también criticaron «la contrarreforma educativa de la Lomce, algo que comparte el Consell a través de su alumna más aventajada, la consellera de Educación, María José Catalá».

Según la plataforma, «estas políticas neoliberales y neoconservadoras pueden causar graves perjuicios, algunos difícilmente recuperables, a la educación pública y al derecho a la educación de toda la ciudadanía».

Por ello, exigieron al Gobierno valenciano que «rectifique su política de ampliación generalizada e incremento indiscriminado de las ratios escolares».

Además, solicitaron «la modificación urgente e inmediata de los criterios utilizados para la planificación educativa con criterios mercantilistas que utiliza ratios escolares desorbitadas, que responden únicamente a criterios de ajuste económico».

Los manifestantes reclamaron a los representantes de la Generalitat Valenciana «que se sumen a trabajar por una educación pública, de calidad, integradora, democrática, laica y en valenciano».