Las decisiones de las últimas juntas de centro de las diferentes facultades apuntan a que la Universitat Jaume I accederá a la demanda del Consell d'Estudiants (cuanto menos parcialmente) y no obligará a sus alumnos a matricularse obligatoriamente de todas las asignaturas suspendidas en cursos anteriores, lo cual el colectivo estudiantil consideraba una carga económica inasumible para los estudiantes con menos recursos económicos.
El rectorado había accedido a anular la normativa general, pero delegando la decisión final en las juntas de cada centro, lo cual provocó una acampada de protesta del Front d'Estudiants per la Universitat Pública y del Consell d'Estudiants, que denunció que se le estaba usurpando la potestad de negociar una norma que afecta de forma directa a los estudiantes.
Sin embargo, el resultado de las juntas de centros ha sido favorables a las peticiones estudiantiles y por lo pronto se han desconvocado las protestas.
De este modo, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales ya ha concluido que no impondrá ninguna norma interna de «progreso» (la que hasta ahora obligaba a los alumnos a pagar las citadas matriculaciones, que según los estudiantes podrían suponer sobrecostes de hasta 800 euros por curso para ciertos alumnos).
Por su parte, la Facultad de Jurídicas ha aplazado cualquier decisión hasta después del verano y la Facultad de Salud ha manifestado su deseo de que cualquier tipo de medida se enmarque dentro de una normativa general para toda la universidad (algo que el rector ya ha descartado).
Finalmente, la decisión más significativa fue la de la junta de la Escola de Ciencies Experimentals, que era la que había mostrado un posicionamiento histórico más duro en favor de la mencionada norma de progreso. Contra todo pronóstico, la junta aceptó eliminar la exigencia actual y sustituirla por un cuadro de incompatibilidades que se negociará de forma diferenciada para cada grado. Esta medida impedirá a los alumnos matricularse de ciertas asignaturas si previamente no ha superado otras que se consideran básicas, pero en ningún caso se obligará a los estudiantes a repetir forzosamente la matrícula de las materias que hayan sido suspendidas.
Para los responsables del Consell d'Estudiants, esta medida resulta mucho más favorable para los alumnos y no les carga con un coste económico ineludible que creen que en muchos casos podría poner en riesgo la continuidad del alumno en la universidad.
