Escal, participada por el Grupo ACS en un 66,67 %, ha anunciado su decisión de renunciar a la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, cuyo futuro está a la espera de que el Ministerio de Industria analice los informes presentados por expertos independientes.
Para ello, Escal ha iniciado el proceso para obtener la autorización previa por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y, eventualmente, de la asamblea de titulares de los bonos ya que la compañía emitió en julio del pasado año 1.400 millones de euros en bonos para financiar el almacenamiento, según ha indicado ACS a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El valor de la inversión del grupo ACS en el almacén subterráneo de gas Castor ascendía a 228,48 millones de euros. La compañía consideraba este importe recuperable en "cualquier escenario" relacionado con esta inversión, por lo que a cierre de 2013 la compañía no había reconocido ningún deterioro por esta participación.
La zona de la costa de Vinaròs se vio afectada por centenares de pequeños terremotos desde el pasado 1 de octubre, lo que llevó a la Generalitat a activar la emergencia del Plan de Riesgo Sísmico.
Las razones de ACS
ACS, entendía que la concesionaria del proyecto Escal UGS tiene derecho a devolver la concesión en cualquier momento, durante los 25 años, a contar desde su otorgamiento, "con derecho al cobro del valor neto contable de la misma salvo en caso de que se acreditara dolo o negligencia, en cuyo caso el derecho será al cobro del valor residual, señala en su informe financiero anual".
Inicialmente, el almacén estaba presupuestado en cerca de 700 millones. Sin embargo, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, señaló que el coste total se sitúa alrededor de los 1.700 millones, lo que supone 2,5 veces más.
Escal tenía reconocida una retribución por desarrollar esta actividad de 1.273 millones, a lo que se añaden hasta 186 millones por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento.
Recientemente, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aseguró que la recopilación de la información necesaria para garantizar la seguridad del almacén subterráneo de gas Castor "llevará años" y añadió que el objetivo es determinar "qué va a pasar" si se vuelve a poner en marcha el almacén, cuya actividad se suspendió en septiembre del pasado año, tras los seísmos registrados.
Los informes conocidos hasta ahora relacionan la inyección de gas en el almacén, ubicado frente a las costas de Castellón, con los seísmos, pero no determinan qué pasará si este vuelve a funcionar, una cuestión que se remite a expertos independientes.
Nadal evitó referirse al importe de una posible indemnización en caso de que se cierre definitivamente la instalación y ha señalado que, en todo caso, se determinaría en la reversión de la concesión.
A diciembre de 2013, ACS recogía la participación en el almacén de gas subterráneo Castor, del 66,67 %, como activo mantenido para la venta. Esta participación está contabilizada en 228,48 millones de euros (164,2 millones de euros en 2012).
Este importe incluye el préstamo participativo de 235,5 millones de euros concedido por ACS Servicios, Comunicaciones y Energía.
El importe del aval de construcción concedido por esta sociedad a Escal UGS asciende a 59 millones de euros.
De acuerdo con el protocolo entre el grupo que preside Florentino Pérez y Enagás, ésta se comprometía a comprar el 50 % de la participación de ACS (el 33,3 %) una vez que se pusiese en funcionamiento comercial la planta y se inicie la explotación y acceso a la remuneración del sistema, señalaba ACS en su informe financiero anual.
El acuerdo contemplaba la posibilidad de que Enagás pueda entrar en el accionariado con anterioridad a la inclusión de las instalaciones en el sistema.
A comienzos de 2012, el Grupo ACS, una vez que la actividad de construcción del almacén alcanzó un grado de avance sustancial, inició la negociación con potenciales inversores para vender la totalidad de su participación y culminar por tanto su salida definitiva del proyecto una vez puesto en marcha.
Durante el ejercicio 2013, la sociedad canceló la financiación del proyecto y colocó el "project bond" del proyecto emitido con la garantía del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por 1.400 millones de euros.
