La última sentencia del Tribunal Supremo que cuestiona el pago del IBI urbano en aquellas parcelas urbanizables sin construir ha supuesto un espaldarazo a los propietarios de Castelló con solares vacíos. Varios empresarios y vecinos han expresado su predisposición a recurrir a los juzgados de lo contencioso para que el ayuntamiento les devuelva lo cobrado de más en los últimos tres años, según la patronal provincial de la construcción (Apecc).
El fallo del Supremo se refiere a un recurso presentado por residentes de Badajoz pero su contenido es aplicable al resto de ayuntamientos de España. El Alto Tribunal sostiene que el IBI urbano sólo ha de materializarse en el suelo que disponga de un plan parcial urbanístico desarrollado o alguna dotación pública habilitada (viales); en caso contrario, los consistorios deberían cobrar el IBI rústico.
Al igual que el resto de municipios, Castelló cobra el IBI urbano a las 5.617 parcelas urbanizables que la crisis económica ha paralizado su desarrollo. La última revisión del catastro de 2012 encrespó los ánimos estos propietarios, dado que vieron cómo los valores catastrales de sus terrenos se duplicaban cuando no tenían ninguna posibilidad de venderlos. El aumento del catastro les habría beneficiado si la reforma del catastro se hubiera producido en los años de crecimiento de la construcción. Sin embargo, la crisis ha paralizado el plan urbanístico que daba sustento a sus terrenos, con lo que consideran gravoso el abono de un IBI urbano en estas condiciones.
La patronal de empresarios de la construcción de Castelló reclamó en 2012 una revisión a la baja del catastro en las citadas parcelas pero el ayuntamiento hizo caso omiso. Ahora diversas firmas del sector con suelo en su haber más propietarios particulares barajan seriamente dar la batalla en los tribunales a raíz de la sentencia del TSJ. Esquerra Unida de Castelló valora en cinco millones anuales la posible indemnización que podría pagar el ayuntamiento si recurre la totalidad de los afectados. Hay solares ubicados en la Marjaleria, Mestrets, Sensal, Lledó y avenida Vila-real, entre otros puntos.
El coordinador de Apecc, Ramón Arenós, demandó una reclasificación de urbanizable a rústico de los desarrollos con escasas probabilidades de reactivarse.
El ayuntamiento valora reducir la superficie urbanizable en el nuevo PGOU y ayer sostuvo que los planes suspendidos recuperan la condición de no urbanizable, pero de momento descarta aplicar el IBI rústico en dicha superficie, según el portavoz del equipo de gobierno, Juan José Pérez Macián.
