La renuncia de la empresa Escal a la concesión de explotación del almacén de gas Castor, ubicado frente a la costa de Vinaròs, ha sido recibido con satisfacción y prudencia por la clase política y los colectivos ciudadanos que han luchado contra el proyecto.

Muchos califican el anuncio como un signo evidente del fin de la planta, mientras otros insisten en que la batalla contra la puesta en marcha de un almacén, al que se le atribuyen los más de 400 seísmos registrados en septiembre de 2013 en el litoral norte de Castellón, todavía no puede darse por ganada.

Desde la Asociación de Vecinos Migjorn de Vinaròs dicen que la decisión es un "gesto positivo". "Lo que queremos es que la planta se cierre, y si la empresa abandona el proyecto y se clausura, pues eso es positivo", ha afirmado a EFE el secretario del colectivo, Sebastià Fabregat.

"Ahora bien -ha matizado- las responsabilidades por el despilfarro cometido por una inversión no aprovechada -de 1.700 millones de euros, según datos del Ministerio- que las asuma la empresa, que no seamos los contribuyentes quienes tengamos que pagarlo", ha denunciado.

En la misma línea se ha pronunciado Ricardo Sixto, de Esquerra Unida: "Escal lo que está buscando es garantizar el dinero de otras empresas y de los especuladores que han invertido en una planta de almacenamiento de gas que provoca terremotos".

"Queremos saber cuál es su responsabilidad en la situación que se ha creado, para evitar que se acaben yendo de rositas y cobrando encima 1.700 millones de euros del Estado", ha dicho.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha afirmado que ACS -accionista mayoritario de Escal- "se va de Castor porque su proyecto no tiene viabilidad futura".

"Lo que hoy viene a confirmarse es que los temores que habían surgido acerca de la viabilidad futura del proyecto eran ciertos y que ahora es momento de depurar responsabilidades", ha apuntado el presidente provincial.

El portavoz municipal y primer teniente de alcalde de Vinarós, Luis Gandía, ha apelado a la prudencia, aunque reconoce que la renuncia parece apuntar al fin del almacén de gas subterráneo.

"La renuncia no nos afecta porque es un tema entre empresa y Ministerio, y lo que tenemos que exigir, sea Escal o, sea quien sea, quien se haga cargo del proyecto, es que si no se garantiza la seguridad, que no se abra, y todo apunta a que esto no ocurrirá si se inyecta gas", ha indicado a EFE.

No obstante, añade, "si ACS renuncia es porque empieza a ver claro que el proyecto no puede seguir adelante, porque si viera que la planta puede abrir y obtener beneficios... Pero sería imprudente lanzar las campanas al vuelo y pensar que el enemigo huye".