La empresa Escal UGS anunció ayer su renuncia a la concesión del proyecto Castor ante la presión de los mercados y en respuesta a una nueva negativa del Ministerio de Industria a reabrir el almacén de gas por el riesgo de terremotos. Con esta decisión, la compañía pretende forzar al Gobierno a devolver los 1.700 millones de euros que costó la planta y evitar al tiempo la obligación de retornar el 30 de noviembre los 1.400 millones de euros que aportaron los inversores internacionales a través de la compra de bonos.
La maniobra fue comunicada en la noche del martes a los titulares de los bonos cuando sólo faltaba una semana para el vencimiento del primer pago de 2014 a los inversores (30 de junio).
Eso sí, la renuncia no depende únicamente de la concesionaria y no podrá hacerse efectiva sin el consentimiento unánime de tres de las partes implicadas: el Banco Europeo de Inversiones (BEI) -que aportó 500 millones de euros para respaldar el proyecto-, el Gobierno de España y los titulares de los bonos.
El anuncio de la renuncia se hizo público justo un día después de que saliera a la luz una auditoría que revela que Escal no dispondrá de ingresos para responder a los pagos; a menos que el Gobierno autorice de forma urgente la reapertura del almacén y su entrada en el sistema de remuneración gasista.
Además, la empresa dirigida a través de ACS por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha tomado la decisión en un contexto de creciente presión de los mercados y 5 días después de que la agencia Fitch Ratings también advirtiera del riesgo de que la empresa no pueda asumir sus compromisos financieros y rebajara la calificación de sus activos a «bono basura». De hecho, Fitch Ratings ya adelantó que la posibilidad más plausible era la renuncia a la concesión como vía de escape para eludir la devolución de los bonos.
La segunda alternativa de Escal pasaba por lograr un acuerdo con los titulares de los bonos para que le concedieran una prórroga en el plazo límite de devolución de los activos, una opción que pueden exigir los inversores en el supuesto de que el almacén no esté plenamente operativo e integrado en el sistema gasista el 30 de noviembre.
Sin embargo, esta petición de renuncia (ya remitida al Banco Europeo y a los inversores) no es en absoluto definitiva y no se descarta que pueda ejercer presión al Gobierno para que acelere una reapertura del almacén o su entrada en el sistema gasista. De igual modo, la renuncia y el incierto proceso de cobro de los activos podría forzar a los propietarios de los bonos a optar por un aplazamiento de los cobros a la espera de una posible reapertura que les permitiera recuperar cuanto menos el capital invertido.
El desmantelamiento podría elevar el precio hasta 2.000 millones
¿Por qué renuncia escal?
El 30 de noviembre Escal está obligada a devolver el dinero de los bonos a menos que Industria autorice la reapertura del almacén o que la concesionaria renuncie a la concesión, lo cual puede forzar al Ministerio de Industria a pagar una indemnización de 1.700 millones de euros o a acelerar una reapertura pese al riesgo de terremotos. La propuesta de renuncia también puede forzar a los inversores a conceder una prórroga a Escal en el plazo de pagos.
antes del pago del día 30
El 30 de junio vence el plazo para satisfacer uno de los pagos a los inversores que financiaron el proyecto con bonos por valor de 1.400 millones de euros. La auditoría de la empresa indica que no hay ingresos para afrontar el pago y la agencia calificadora Fitch Ratings ha devaluado los activos de Castor como «bono basura». Además, ha advertido a los propietarios de los bonos que Escal podría no tener capacidad para devolverles la inversión.
pérdidas por el cierre
La paralización del almacén Castor por el riesgo de terremotos ha evitado la autorización de puesta en marcha y sin ella no se activará el acuerdo de pagos pactado entre Escal y el Gobierno con cargo a las tasas del gas (4.936 millones de euros a plazos hasta 2038). Según el plan, Castor debería haber recibido 98 millones en 2012, 214 en 2013 y 218 en 2014.
¿por qué no reabre?
Escal ha aportado informes propios para asegurar que una reapertura sería segura, pero el estudio del Instituto Geológico y Minero pone en duda la seguridad y alerta de la posibilidad de desatar nuevos terremotos, por lo que requiere nuevos estudios que podrían demorarse meses o años. El Ministerio de Industria reitera que no autorizará la reapertura sin disponer de los informes que pide el IGME y de otros estudios solicitados a Stanford University y al Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Es la renuncia es la es la ¿renuncia definitiva?
La renuncia todavía debe ser autorizada por el Banco Europeo de Inversiones, que impulsó el projecto y le aportó 500 millones de euros en el marco del primer proyecto piloto del «Europe 2020 Project Bond. También debe ser autorizada por el Gobierno y por los titulares de los bonos.
¿Quién pagará?
El acuerdo que aprobó el Ministerio de Industria por Real Decreto le obliga a indemnizar a Escal con el valor neto de la planta (1.700 millones de euros) en caso de cierre o suspensión de la concesión. Si se demostrara dolo o negligencia de la empresa, el acuerdo también le obliga a pagar el valor residual, que siendo una obra sin estrenar podria igualmente acercarse a los 1.700 millones. Industria recurrió para anular la cláusula y el Tribunal Supremo le dio la razón a Escal, que alega que puede devolver la infraestructura y recuperar los 1.700 millones en cualquier momento.
¿elevará la tasa del gas?
La apertura del almacén implicaría el pago de los 4.900 millones con cargo a la subida de la tasa del gas. En caso de cierre e indemnización a Escal, el dinero también procedería de los tributos del gas que pagan los ciudadanos. No obstante, el Gobierno debería encontrar la fórmula de disponer del dinero a corto plazo.
¿coste de desmantelar?
De forma adicional a los 1.700 millones que ha costado la infraestructura, el desmantelamiento supondría otros 297 millones y el precio del cierre podría alcanzar los 2.000 millones.
¿Habrá castigo penal?
La Fiscalía prevé emitir en julio una resolución que esclarecerá si pide responsabilidades penales a Escal UGS o altos cargos del Gobierno que autorizaron la plataforma pese a las alegaciones por riesgos sísmicos.
