El ministro de Industria, José Manuel Soria, afirmó ayer que respetará la aplicación del decreto que obliga al Gobierno al pago de una indemnización de 1.700 millones de euros si finalmente el Banco Europeo de Inversiones (BEI) autoriza la renuncia presentada por Escal UGS, una decisión que por el momento sigue siendo incierta.
Así lo expuso textualmente el ministro. «Un conjunto de bancos liderados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) tiene que autorizar la renuncia de ACS a la explotación de Castor y, si eso sucediese, el Gobierno actuaría según lo establecido por el decreto de concesión de la explotación».
Dicho esto, el ministerio se limitó a asegurar que mantendrá el cierre del almacén hasta no recibir todos los informes pendientes sobre el riesgo de terremotos y no emprenderá ninguna acción administrativa mientras la petición de renuncia no llegue oficialmente al Gobierno y sea aprobada por el BEI y los inversores. «Esperaremos a ver si esa renuncia es autorizada por los financiadores, entre ellos el BEI, y si fuera ese el caso se actuaría de acuerdo con lo que establece el decreto de concesión. Por el momento no puedo decir nada más».
Esta fue la postura oficial del Ministerio de Industria pocas horas después de que ACS anunciara que ha iniciado el proceso para obtener la autorización previa de renuncia por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y, eventualmente, de la asamblea de titulares de los bonos, según informó en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En manos del BEI
La respuesta del Banco Europeo de Inversiones a la petición de renuncia de Escal UGS sigue siendo incierta, especialmente porque un sector de la entidad teme que el abandono se interprete como el fracaso del primer proyecto piloto del «Europe 2020 Project Bond». No en vano, Castor se ha convertido en el talón de Aquiles que ha centrado las críticas de los detractores de una iniciativa estratégica para promover inversión privada en infraestructuras públicas, destinadas principalmente a energía y a lograr los objetivos europeos de cambio climático para 2020.
La calificación de los bonos del proyecto sigue cayendo en picado y ACS se vio ayer arrastrada viendo descender sus valores en un 2,74% en el IBEX. Ante esta tesitura, el Banco Europeo de Inversiones teme por la recuperación de los 500 millones de euros con los que respaldó el almacén de gas.
El nerviosismo de los inversores y de los mercados se suma a la preocupación del propio Gobierno, que es consciente de que la UE confió su primer proyecto piloto de bonos a España para apoyarla en la salida de la crisis y para mostrar su confianza en la capacidad de gestión y la solvencia del país. Sin embargo, la parálisis del Castor ha sido utilizada por los sectores críticos para cuestionar el concepto del «Project Bond» de la UE y ahora está en juego el prestigio del Banco Europeo de Inversiones y del propio Gobierno español.
