El portavoz de Bloc-Compromís en Almassora, Xavier Trenco, presentó ayer el recurso contra la adjudicación del contrato de agua potable y alcantarillado. El grupo municipal socialista repetirá el proceso esta mañana, según indicó ayer el concejal Santiago Agustí. El alcalde de Almassora, Vicente Casanova, reclamará a ambos grupos el aval depositado por la empresa concesionaria si ésta exige una indemnización por los perjuicios del retraso en la gestión.
Los nacionalistas, que ya recurrieron en su día, exponen un decálogo de argumentos para solicitar la anulación del contrato y la modificación del pliego de cláusulas para «adaptarlo a la legalidad vigente». Su principal objetivo es «eliminar el canon fijado en 12,5 millones de euros como fuente de financiación encubierta de la corporación local a cargo del abonado de un servicio básico esencial para el ciudadano».
El Bloc incide en derivar el destino del canon a «actuaciones de mejora o renovación de redes, como estaba previsto en el pliego». Según esta parte, el contrato debería indicar que las obras y servicios que se produzcan durante la concesión «serán sacados a libre concurrencia» y controlados por un «técnico independiente». Además, incide en que el periodo de la concesión (30 años) tendría que ser inferior a una década.
Respecto a las características del servicio, el grupo solicita la incorporación de objetivos de calidad en la prestación como: disponibilidad y garantía del suministro, calidad del agua y calidad técnica del servicio, eficiencia en la explotación, política tarifaria, atención e información al público, participación social en la gestión y ahorro y uso eficiente del agua. En otro orden de cosas, según las mismas fuentes, el contrato carece de indicadores de gestión para el seguimiento y valoración del cumplimiento de los objetivos de calidad. En la misma línea, «tampoco establece una auditoría externa para tener una valoración independiente del servicio» ni «sistemas de transparencia en la información y participación de la ciudadanía efectivas». Por último, el grupo nacionalista asegura en el recurso que el contrato incumple la Llei d'Ús d'Ensenyament del Valencià para los sistemas de comunicación a la ciudadanía y las rotulaciones de los servicios que presta.
El alcalde avanzó días atrás que pedirá responsabilidades a ambos grupos si la empresa que ha ganado el concurso de adjudicación, la única que se presentó, reclama daños por la demora a causa del recurso. Esta firma avanzará los siete primeros años de la concesión entre este año y 2015, de manera que la corporación actual ingresará 1,7 millones a lo largo del ejercicio. La segunda inyección con idéntico presupuesto se producirá después de las próximas elecciones municipales y será el nuevo equipo de gobierno el que determine a qué dedica estos ingresos. El coste del servicio podrá experimentar una subida máxima del 35 % en los próximos 30 años.
