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Escal deberá mantener la seguridad del almacén pese a la renuncia

El contrato le impedirá obtener la indemnización a menos que realice todas las labores que requiera Industria para preservar el medio ambiente y a la ciudadanía

Foto de archivo de protesta de vecinos de la zona norte de Castelló contra el Castor.

Foto de archivo de protesta de vecinos de la zona norte de Castelló contra el Castor. Levante-EMV

Independientemente del resultado de la petición de indemnización y de la renuncia de Escal UGS, la concesionaria del Castor estará obligada por contrato a permanecer gestionando el almacén de gas y mantener a sus 80 trabajadores hasta que el Ministerio de Industria decrete el desmantelamiento definitivo, la reapertura o la concesión a una tercera compañía.

Así lo confirman las cláusulas internas del contrato de concesión y también así lo ha comunicado Escal UGS a los titulares de los bonos del proyecto, que ya han sido informados de que la permanencia en la planta y la posible dilación del conflicto de intereses está ahora en manos del Ministerio de Industria.

De hecho, la permanencia de Escal para asegurar el mantenimiento y las condiciones de seguridad de la planta son un requisito indispensable para que Escal pueda reclamar los amplios derechos de compensación que le confieren el resto de cláusulas del contrato de concesión, que fue ratificado por real decreto del Gobierno en 2009.

Esta exigencia tiene como principal objetivo garantizar la seguridad de las instalaciones, de la población civil circundante (ante posibles accidentes o fugas de gas) y la protección del medio ambiente en una zona especialmente sensible, próxima al Delta del Ebro y a algunas de las más afamadas playas castellonenses.

Esta circunstancia hace que, incluso aunque se tomara la decisión del cierre definitivo, la firma de Florentino Pérez debería seguir trabajando en la planta por un tiempo indefinido -el contrato no establece límites- hasta que el Ministerio de Industria adoptara una decisión sobre el desmantelamiento o encontrara los recursos para asumir la gestión de la infraestructura.

Es más, Industria tiene la potestad contractual de reclamar a Escal cuantas labores técnicas considere necesarias para garantizar la seguridad y el interés general antes de aceptar una renuncia de Escal a la concesión; a partir de la cual debería abonar una compensación de 1.700 millones de euros (equivalente al valor neto de la infraestructura).

Eso sí, en el contrato no se especifica si dichas labores también incluyen el desmantelamiento, cuyo coste supera los 297 millones de euros y elevaría a 2.000 millones de euros la factura por un almacén estratégico de gas -financiado con fondos públicos- que ni siquiera ha entrado en funcionamiento.

El riesgo sísmico sigue presente

El informe del Instituto Geológico y Minero de España sobre los terremotos del Castor no sólo confirma que fue la inyección de gas de la plataforma la que provocó los 540 terremotos registrados en Vinaròs, sino que además pone en cuestión la ubicación del almacén submarino y advierte que no se verificó correctamente la aptitud de la estructura del antiguo yacimiento petrolífero para soportar «riesgos geomecánicos y fugas en la inyección». Según el IGME, «hay importantes carencias», el cálculo de las tensiones «no representa adecuadamente la historia del material» y las simulaciones de la empresa Escal «no han contemplado todos los escenarios y fugas más allá de la vecindad de la falla de Amposta», de cuya existencia la concesionaria sí era conocedora. El almacén se sitúa sobre el entorno de 11 fallas que podrían generar nuevos seísmos.

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