El contrato del proyecto Castor obligará al Gobierno a aceptar la renuncia a la concesión de Escal UGS y compensarle con el coste neto de la inversión (1.700 millones de euros) a menos que sea capaz de aducir causas de «interés general». Sin embargo, este alegato basado en el «interés general» ya fue rechazado por el Tribunal Supremo cuando el Ministerio de Industria pidió que se anulara la cláusula que garantiza la indemnización a la firma incluso en caso de extinción de la concesión por dolo o negligencia.
Así se desprende de varias cláusulas aprobadas en el contrato y ratificadas por real decreto (a las que ha tenido acceso Levante de Castelló), las cuales protegen ante casi cualquier riesgo de pérdidas a la empresa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Mientras los asesores jurídicos del Gobierno buscan posibles rendijas legales a contrarreloj, el Ministerio de Industria mantiene el cierre provisional del almacén submarino ante el riesgo de nuevos episodios sísmicos como el que desató en septiembre 540 terremotos con magnitudes de hasta 4,2 grados en la escala de Richter en Vinaròs.
La renuncia de Escal se plantea como un pulso para forzar que el Gobierno reabra el almacén -pese al riesgo de seísmos- o se vea obligado a pagar un dinero del cual ahora mismo no dispone, ya que el Ministerio de Industria tenía previsto obtenerlo a través de las tasas del gas y satisfacerlo a plazos con intereses hasta 2038, abonando finalmente 4.900 millones de euros a la compañía Escal UGS.
Uno de los caballos de batalla del Ministerio de Industria para eludir la indemnización se basaba primero en el posible dolo o negligencia por parte de la empresa y, segundo, en el supuesto incumplimiento de las autorizaciones necesarias para poner en marcha la instalación.
La cuestión de los permisos estaba sujeta a interpretaciones, ya que el mismo Gobierno que no quiere pagar la indemnización es el que al tiempo se niega a conceder la autorización para reabrir el almacén, en este caso por un riesgo de terremotos dañinos que Escal asegura que no existe.
Sin embargo, Escal UGS ni siquiera pretende abrir este debate y se escuda directamente en una cláusula que le garantiza una indemnización del valor neto del almacén -y la reversión de su propiedad al Estado- incluso aunque haya incumplido las obligaciones del contrato (entre las cuales figura la necesidad de obtener los permisos necesarios y ser capaz poner en marcha el almacén a pleno rendimiento).
Además, según el contrato, en caso de que la concesionaria solicite la renuncia al proyecto, deberá «ser compensada al menos con el valor neto de la instalación, que revertirá en la autoridad adjudicataria, siempre y cuando el almacén continúe operativo». A este respecto, Escal mantiene la planta lista para inyectar gas en cualquier momento y asegura que no existen motivos para impedir su entrada en funcionamiento. Para que la petición de renuncia llegue al Ministerio de Industria, Escal también necesita la autorización previa del Banco Europeo de Inversiones y de los bonistas, aunque estos sólo pueden rechazar la petición si logran un 75 % de las votaciones con un mínimo quorum del 50 % de los inversores.
Las cláusulas de Florentino Pérez
Las cláusulas del contrato son de partida favorables a las intenciones de renuncia de la empresa de Florentino Pérez, que dispone de un tercer as en la manga incluso en caso de que el Gobierno logre rechazar la renuncia -alegando «interés general»- o el Banco Europeo de Inversores y los bonistas lograran esa mayoría del 75 % para rechazar el abandono de Castor.
Llegado el caso, el rechazo de la renuncia activaría otra cláusula que exime a Escal de la obligación de devolver los bonos por valor de 1.400 millones si no es capaz de poner en marcha el almacén el 30 de noviembre de 2014. Además, la empresa sólo estaría obligada a responder ante los inversores por un máximo de 130 millones.
