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La oposición de l'Alcora fuerza al PP a retirar una placa de Carlos Fabra

La sustituirán por otra en la que no aparezca la diputación porque no pagó su parte de la obra como había prometido

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de l'Alcora, PSPV y Compromís, hicieron ayer valer su mayoría de votos (el PP de Merche Mallol está gobernando en minoría) para que el consistorio se comprometiera a retirar una placa de las nuevas dependencias municipales con el nombre de Carlos Fabra. Lejos de seguir la estela iniciada por el consistorio de Benlloch de hacer justicia histórica y retirar aquellas placas con nombres de políticos condenados, como también es el caso, la oposición proponía la retirada en «castigo» porque, pese a aparecer el nombre de Fabra y de la Diputación de Castelló, la institución provincial no financió finalmente la parte que le correspondía de las obras. «Pese al compromiso verbal de Carlos Fabra, la diputación no aportó la subvención acordada», recordaron ayer los portavoces de Compromís Víctor García, y su homólogo del PSPV, Samuel Falomir.

La idea ahora pasa por sustituir el rótulo honorífico por otro en el que se concretará la fecha de la inauguración y la aportación tanto del ayuntamiento como de la Generalitat para hacer posible la obra, «por lo que no aparecerá ninguna referencia a la diputación».

Cabe recordar que la Diputación se comprometió a aportar una tercera parte de los costes de construcción del nuevo edificio pero no lo cumplió. De hecho, ante el incumplimiento por parte del PP provincial, el Ayuntamiento de l'Alcora «se vio obligado a aportar hasta el 67 % de la financiación, es decir, a cubrir económicamente la parte apalabrada por la diputación», recordaron desde Compromís.

Por este motivo, el acuerdo ratificado por el pleno insta también a «sustituir la placa por una nueva en la que figure la siguiente leyenda: Estas nuevas dependencias municipales fueron inauguradas por la corporación provincial en fecha del 12 de marzo de 2011. Esta obra ha sido financiada en un 67 % por parte del Ayuntamiento y un 33 % por la Generalitat».

Según sostienen Falomir y García, «de esta manera se restituye el reconocimiento al ayuntamiento, que tuvo que hacer un esfuerzo económico imprevisto debido a los incumplimientos de la diputación».

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