Las cláusulas de la concesión del proyecto Castor siguen manteniendo atado al Gobierno, que, pese a su pulso con Escal UGS, ayer vetó en el Congreso una propuesta de Izquierda Plural y Esquerra Republicana de Catalunya que proponía cargar el coste del desmantelamiento de la plataforma a la empresa concesionaria y no al Gobierno. Esta es en teoría la propuesta que defiende el Gobierno y el Partido Popular, pero en la práctica la realidad ha vuelto a demostrar que el PP no ha sido capaz de aprobarlo en el Congreso y utilizó su mayoría absoluta para frenar el acuerdo.
Con los votos en contra del PP y de UPyD, el Gobierno tumbó en la comisión de industria del Congreso una iniciativa que pedía al Gobierno que el desmantelamiento de la planta de almacenamiento de gas no lo pague el estado y sí la empresa concesionaria, después de conocer este miércoles la renuncia de ACS a la explotación de la misma.
La propuesta partía de la portavoz de la Izquierda Plural y diputada de ICV, Laia Ortiz, quien aprovechó una proposición no de ley de ERC sobre la paralización de las prospecciones petrolíferas para pedir que el Estado no pague del desmantelamiento de Castor.
A su juicio, el Gobierno «debería proceder a su desmantelamiento, asegurando que los costes generados y derivados del mismo no se sufraguen con dinero público, sino que se asuman por parte de la empresa, que es la que ha generado la actividad y los impactos de la misma».
Mientras tanto, y paradójicamente, el PP de Castelló solicitó a la Fiscalía que agilice la investigación penal sobre el Castor «para depurar la responsabilidad legal del Gobierno socialista que aprobó el proyecto sin haber encargado todos los informes necesarios para garantizar la seguridad de la instalación y que, además, decidió blindar el contrato para asegurarse que la empresa adjudicataria se beneficiase sin importar si pudiese cometer negligencia o dolo».
Así se ha manifestado el secretario general del Partido Popular de la provincia de Castelló, Miguel Barrachina, tras saber que la empresa adjudicataria ha renunciado a seguir adelante con la concesión del proyecto.
El dirigente popular ha incidido en que "el hecho de que la empresa responsable haya pedido dejar Castor es el final de una comedia socialista que nos puede costar 1.800 millones de euros en la factura de la luz a todos los españoles". "Es un proyecto que permitió que se construyese un almacén de gas sin los estudios de impacto ambiental correspondientes, como sería el estudio sismográfico, indispensable cuando se construye sobre una falla, y en el que se acordó indemnización funcionase o no el proyecto", ha añadido.
Al respecto, Barrachina ha dicho que "siempre que se mantenga el cierre indefinido de estas instalaciones, que no tienen garantía de seguridad ni fiabilidad, es una buena noticia para la provincia de Castellón", y ha confiado en que "a pesar de lo costosísimo de esta operación, no se vuelva a reabrir para la tranquilidad de los vecinos del norte de la provincia de Castellón".
El número dos el PPCS ha incidido en que "es un auténtico despropósito por el cual nosotros no sólo pedimos el cierre indefinido de la planta, sino que se lleve a los tribunales a todos los responsables políticos de una decisión que pueden pagar en la factura de la luz todos los vecinos de la provincia de Castellón y de España".
