La Generalitat Valenciana abonará la primera semana de julio medio millón de euros a los abogados del turno de oficio y procuradores de la provincia de Castelló correspondiente a la deuda pendiente del cuarto trimestre de 2013. Así lo anunció ayer el conseller de Justicia y Gobernación, Luis Santamaría, en la Ciudad de la Justicia de Castelló, donde mantuvo la primera reunión de trabajo con el presidente de la Audiencia Provincial, José Manuel Marco, desde su reciente nombramiento como sustituto de Serafín Castellano.

Santamaría especificó que del montante que se prevé abonar, 382.024 euros será para los abogados y 95.570 euros para los procuradores. Asimismo, el pago total para las tres provincias de la Comunitat asciende a 4,3 millones de euros, en el caso de los abogados, y a 850.000 euros en el de los procuradores.

En el encuentro, Santamaría anunció también su intención de promover la creación de un nuevo juzgado para la provincia «antes de que acabe el año» y aseguró que, «manera inmediata», se van a reforzar las plantillas de cuatro juzgados de lo penal, uno de lo mercantil y otro de primera instancia con más funcionarios. En este sentido, el conseller dijo que se ha valorado la posibilidad de crear un servicio centralizado de ejecutorias, «lo que liberaría de importante carga de trabajo a los juzgados de lo penal, que dedican buena parte de sus esfuerzos a ejecutar las sentencias».

En la reunión se abordó, por otro lado, «la importante problemática que tiene la provincia de Castelló por la situación de retraso y casi colapso de los juzgados de lo penal», indicó José Manuel Marco. Según el presidente de la Audiencia Provincial, entre las alternativas que trasladó al conseller para aliviar la saturación que soportan los juzgados castellonenses figura «la necesidad y conveniencia de redistribuir la carga de trabajo de los partidos de Nules y Vila-real para reequilibrar la situación».

Para abordar todo ello, Santamaría anunció que se ha convocado una comisión mixta que se celebrará después del 16 de julio, «en la que se abordarán cuestiones ya planteadas, como reforzar lo penal, pensarnos la oficina de mediación judicial y garantizar un adecuado empleo de los recursos humanos para lograr una mayor eficacia en el funcionamiento de la Administración de Justicia».