El expresidente de la Diputación de Castelló y del Partido Popular provincial, Carlos Fabra, ve más cerca la cárcel. La Audiencia le ha citado el 3 de septiembre para que ingrese en prisión y, en principio, su incorporación deberá hacerse efectiva en un plazo de diez días tras la notificación. Sin embargo, el exbarón provincial confía en frenar esta medida de manera provisional hasta que el Gobierno resuelva su petición de indulto y el Tribunal Constitucional haga lo propio con su recurso de amparo. Fuentes jurídicas consultadas por este diario señalan que, probablemente, se atenderá la suspensión cautelar de la condena y que Fabra tardará en acceder a la cárcel entre uno y dos años.
La Audiencia acaba de recibir la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la condena de cuatro años de cárcel a carlos Fabra por estafar a Hacienda 693.000 euros y notifica al exmandatario provincial que deberá comparecer a las 10.00 horas del citado día 3 para ser informado de su ingreso en un centro penitenciario, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Además, se le instará a pagar la indemnización de 1,4 millones de euros fijada por la resolución.
También está llamada el mismo día su exesposa, María Amparo Fernández, para que haga efectivo una multa de 273.761 euros. En su caso se librará de la cárcel, ya que ha sido condenada a un año de prisión por un delito fiscal y no supera el límite de dos años.
Pero el estreno de Fabra en la cárcel no será tan inmediato como parece. El expresidente provincial ha anunciado que presentará una solicitud de indulto al Gobierno y un recurso de amparo al Tribunal Constitucional y, en la mayoría de los casos, la Justicia suspende la entrada en prisión mientras se resuelven ambos trámites.
El expresidente esgrimirá primero a la Audiencia Provincial la petición de indulto que impulsa él mismo para que pare su ingreso mientras se pronuncia el Gobierno. Fabra descartó en noviembre el uso de esta medida pero ha cambiado de parecer tras ratificar el Supremo sus cuatro años de cárcel. En este caso, los juzgados suelen aceptar la suspensión provisional hasta que el Gobierno decida, salvo en los delitos de sangre.
Como segunda baza, la defensa de Fabra presentará un recurso al Constitucional, en el que alegará que los delitos han prescrito y, al mismo tiempo, también reclamará la paralización momentánea de la condena mientras se resuelve el recurso. El Constitucional atiende esta suspensión en el 99 % de los casos, bajo el argumento de que si al final queda absuelta la persona afectada no se podría reparar el daño ocasionado por la estancia entre rejas.
El indulto y el recurso de amparo tiene pocas vías de prosperar. El Ministerio de Justicia ha bloqueado las absoluciones de gracias a los políticos, mientras en el caso del Constitucional es complicado que asuma que los delitos fiscales de Fabra han prescrito cuando el Supremo rechazó este argumento. Pero para ello queda al menos un año.
