El grupo para el estudio y la conservación de los espacios naturales, Gecen, ha instado a la Conselleria de Infraestructuras a que actúe «sin dilación» y ejecute de forma subsidiaria las órdenes de derribo pendientes en el marjal de Borriana y Nules. Desde el grupo recordaron que es obligación de la administración autonómica ejecutar los derribos de forma subsidiaria ya que existen sentencias en firme contra construcciones ilegales.
«Entendemos que la inactividad de la administración no es justificable y reiteramos la obligación de ésta en el cumplimiento efectivo de la legalidad y las sentencias judiciales», apuntaron ayer a través de un comunicado. La asociación no descarta la posibilidad de iniciar «acciones penales por delito de prevaricación urbanística si la administración sigue con su hoja de ruta pasiva».
La asociación remitió en febrero un escrito instando ya a la administración a actuar y, ahora, repite la operación incluyendo la referencia de cuatro sentencias firmes contra otras tantas construcciones ilegales en la zona.
Por ahora, y tal como publicó este diario en su día, la hoja de ruta de la administración autonómica era permitir a los propietarios que agotaran los plazos para iniciar ellos mismos los derribos marcados por sentencia firme y, si no se avenían a ello, imponer multas coercitivas cada cierto tiempo.
Sin embargo, estas penas económicas solo se podían imponer durante un tiempo determinado. Después, era responsabilidad de la administración el hacer cumplir la ley y ejecutar de forma subsidiaria los derribos.
Desde la plataforma de afectados que engloba a buena parte de los propietarios con algún expediente abierto, se aseguraba que la imposición de multas era bien recibida ya que suponía un margen de tiempo hasta la llegada del tiempo electoral «y ahí no mandarán a las máquinas a derribar ninguna edificación».
