El ingreso en prisión de Carlos Fabra no se va hacer esperar. La Audiencia Provincial de Castelló priorizará el Caso Fabra para que en las próximas semanas se dicte la fecha en la que el expresidente de la Diputación de Castelló tendrá que entrar en la cárcel y, así, sumar otro ejemplo «ejemplarizante», ante la «pérdida de credibilidad del sistema». Así lo confirmaron ayer fuentes consultadas por Levante de Castelló que detallaron que existe un «interés» en dar carpetazo a este caso debido a la «alarma social» que ha suscitado durante años, y que ahora se ha acentuado.
Tal como explican las mismas fuentes, el plazo en el que la Audiencia provincial dictamine la fecha de ingreso dependerá del volumen de trabajo que acumule pero se estima que haya un dictamen en los próximos quince días. «La preferencia por acabar con este asunto es patente y no se va a demorar más», señalan fuentes cercanas al caso.
Cabe recordar que el presidente de la Audiencia de Castelló, José Manuel Marco, ya afeó la decisión de la sección primera de mantener la suspensión de su entrada en la cárcel, desestimando el recurso de súplica interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado pidiendo al tribunal que revocara su decisión y dictara su «inmediato» ingreso en prisión. Para Marco, la decisión de los tres magistrados que firmaron el auto (Esteban Solaz, Pedro Luis Garrido y Aurora de Diego) hacía un flaco favor al prestigio de la Justicia. Las prisas son evidentes si se tiene en cuenta que el Caso Fabra tuvo una instrucción imposible que se alargó durante diez años y, ahora, en los últimos catorce meses se prevé concluir con esta enmaraña judicial.
Con todo, y aunque el ingreso en prisión es inminente, paralelamente a la resolución de la Audiencia, Fabra está a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva su recurso de amparo, hecho que no impedirá su ingreso en prisión. Según recoge el artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional «la interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados».
Medidas cautelares
El ingreso en prisión del expresidente del Partido Popular de Castelló, Carlos Fabra, solamente lo podría paralizar la admisión a trámite del recurso y la aprobación de las medidas cautelares que, al parecer, va a pedir su abogado. Con todo, el Tribunal Constitucional resolvería las medidas cautelares en un plazo estimado de nueves meses y, para entonces, Fabra ya estaría cumpliendo la pena. Si finalmente el Constitucional fallara a favor del exdirigente del Partido Popular, que ya habría ingresado en prisión, se le tendría que indemnizar económicamente por la pena cumplida. No obstante, cabe señalar que varios abogados consultados por este periódico coinciden en afirmar que lo más probable es que el recurso de amparo no se admitido a trámite.
La entrada en la cárcel del expresidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, es inminente después de que el Consejo de Ministro denegara el viernes su petición de indulto, según anunció la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Fabra está condenado a cuatro años de cárcel por cuatro delitos fiscales por defraudar a Hacienda casi 700.000 euros y podrá pedir el tercer grado a partir del cumplimiento de un cuarto de la condena. No obstante, para que le sea concedido tendrá que haber satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito y que supone el pago de 1,4 millones de euros (700.000 euros de multa y otros 700.000 por el dinero defraudado). El expresidente de la diputación presentó en septiembre una relación de bienes embargables para resarcir la pena económica que el tribunal todavía está cotejando.
Hasta que le sea concedido el tercer grado, Fabra solamente podría salir de la cárcel por motivos de salud, el fallecimiento de un pariente cercano o algún otro acontecimiento familiar o personal que se considerara de especial relevancia. La salud parece que sea la última baza por explotar para que el trance penitenciario sea lo más leve posible. Fabra fue sometido a un trasplante de hígado en 2010 y todavía acude a revisiones periódicas, circunstancia que podría alegar para gozar de permisos penitenciarios.
