El Partido Popular de Orpesa aprobó ayer en solitario una modificación de crédito por valor de 965.000 euros para la adquisición de la carpa multiusos de Marina d'Or, conocida como Palacio d'Or. El edil de Urbanismo, Tomás Fabregat, recordó que el pleno de la localidad acordó esta compra en 2003 con el objetivo de albergar eventos en les Amplàries.
El equipo de gobierno redactará una normativa para poder alquilarla una vez sea de propiedad municipal. «Se está cumpliendo con la obligación que se adquirió en su día en un pleno», remarcó Tomás Fabregat. El acuerdo que se adoptó en 2003 comportaba un compromiso de alquilar la carpa con una opción de compra. Fabregat señaló que este convenio no llegó a materializarse al haberse tenido que desmontar la instalación original tras un temporal, que obligó a la empresa a construir una nueva. El pleno aprobó en abril de este año la modificación de 1 millón de euros para este fin, después de haberlo anunciado en marzo junto al resto de inversiones con el remanente de tesorería. Dicha modificación se anuló, según informó Fabregat.
Por su parte, el alcalde Rafael Albert remarcó que, una vez comprada la carpa, se tendrá que confeccionar una ordenanza para poder alquilar. «Todos los eventos que no sean municipales tendrán que pagar alquiler», explicó Albert.
Por su parte, el portavoz del Bloc Josep Lluís Romero recalcó que durante la legislatura en la que se acordó esta compra «el PP no tenía mayoría absoluta y el Bloc fue el único grupo que votó en contra», por lo que justificó su rechazo a la medida por «coherencia». Romero criticó así la postura del GIO y el PSPV, que ayer rechazaron la adquisición. Sobre la necesidad de realizar esta inversión, alertó que «deben ser los vecinos quienes decidan qué intereses se están defendiendo».
Además, el edil no adscrito José Pascual Navarro indicó que «a Orpesa no le hace falta la carpa, sobre todo si cuesta un millón de euros sobre el presupuesto».
El socialista Fernando Domínguez también rechazó el gasto y alegó que «hasta ahora no se ha hecho ningún evento que justifique la necesidad de comprarla».
El portavoz del GIO, Fernando Juárez, afirmó que «han pasado once años desde aquel pleno y las circunstancias cambian, por lo que hoy en día no es el momento adecuado» para la compra.
Aunque el GIO se abstuvo en la votación, el Bloc, PSPV y Navarro votaron en contra de la medida.
Cuotas de urbanización
Por otra parte, la corporación validó ayer otra una modificación de crédito de 176.000 euros para hacer frente a la sentencia que ganó una empresa propietaria de unos terrenos en el sector R5-A, que alegó contra las cuotas de urbanización que se le cobraron. El juzgado 2 número de Castelló ha requerido ejecutar este pago, que el consistorio espera recuperar a través del aval que depositó el agente urbanizador. El TSJ valenciano determinará el próximo mes si las cuotas fueron o no indebidas.
«Sobre el mismo hecho hay tres sentencias, de las cuales dos han sido favorables al agente urbanización y, por supuesto, al ayuntamiento», explicó el edil de Urbanismo Tomás Fabregat, que recordó que «hay que esperar a la resolución del TSJ para ver cómo se cierra este capítulo». «En estos momentos no se ha pagado ninguna cantidad indebida», dijo el edil. Así, explicó que el consistorio está «en vías» de hacer efectivo el aval de cerca de 300.000 euros depositado por la empresa urbanizadora Comervi, que está en concurso de acreedores.
«Los trámites son más complejos porque hay que hacerlo a través del administrador concursal, lo que retrasa la ejecución de avales», dijo. «Si el TSJCV dictamina que las cuotas se giraron bien, no habría que ejecutar la modificación de crédito», puntualizó en ese sentido Fabregat.
