La Fiscalía Provincial de Castelló ha solicitado la imputación del alcalde de Vila-real, José Benlloch, así como la de los ediles Sabrina Escrig y Emili Obiol por un presunto delito de malversación y otro presunto delito de falsedad documental en relación a la contratación de varios servicios a la empresa Ypsilon Public Affairs Management durante los ejercicios de 2012 y 2013. A su vez, la fiscal también solicita la imputación de Yolanda Souto, encargada de la gestión de dicha compañía.

La petición de la Fiscalía se produce a raíz de la denuncia que en su día presentó el PP de Vila-real en relación a los servicios prestados por la firma. El PP denunció que aunque el consistorio adjudicó los servicios a esta empresa mediante un proceso de contratación directa -sin concurso público- al no superar las facturas los 18.000 euros de coste, «existen otras facturas» expedidas a nombre de la compañía que, presuntamente, sí excederían este límite. Unas facturas que en cambio, según el equipo de gobierno liderado por Benlloch, ya «fueron rectificadas en tiempo y forma».

«Las contrataciones han sido siempre conforme a derecho y en beneficio del interés de la ciudad», insistieron desde el equipo de gobierno.

En cuanto a la denuncia presentada por el Partido Popular a la que alude el documento remitido por la Fiscalía en relación a la facturación de Ypsilon desde el consistorio de Vila-real reiteraron que «ni una de las facturas a las que se refiere la denuncia ha tenido un informe contrario de la Intervención Municipal». «El PP, además, ha tenido siempre acceso a esta información», remarcaron desde el consistorio.

Así, subrayaron que el Partido Popular «ya intentó en su día implicar al equipo de gobierno por la contratación de servicios a la empresa Ypsilon, intento que dejó de nuevo en evidencia las intenciones del PP vila-realense cuando la Comisión de Investigación municipal creada en 2013 para analizar esta relación contractual concluyó que no había ningún indicio de tales irregularidades». Según ratificaron, «el equipo de gobierno de Vila-real ha sido en todo momento contundente en su lucha contra la corrupción y las irregularidades instaladas durante los gobiernos municipales del PP, evitando el pago de 600.000 euros en facturas falsas que, de no haberse producido el cambio de gobierno, se habrían pagado a la empresa Piaf, vinculada a la trama Gürtel, por trabajos que no se realizaron».

«Persecución política»

Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vila-real calificaron los hechos de un «nuevo intento de manipular la realidad y mentir a los vila-realenses». Además, acusaron a los populares de orquestar una «persecución política contra la persona del alcalde» que, según destacaron, «se ha visto reflejada en vergonzosos capítulos como las facturas por la compra de ambientadores para el consistorio que el PP pretendió hacer pasar como irregulares, demostrándose no jamás se ha producido una ilegalidad en este ni en ningún sentido».

Aunque ahora será el juez quien decida si cita o no a declarar al alcalde, los dos ediles y la gerente de Ypsilon, desde el equipo de gobierno calificaron los hechos de un «nuevo intento de manipulación del Partido Popular».