La Fiscalía Anticorrupción ultima la querella por un presunto amaño de partido contra los futbolistas del Levante UD y el Zaragoza que jugaron el último partido de la temporada 2010-11, en el que el equipo maño salvó la categoría gracias a su victoria (1-2). La denuncia será presentada a principios de la próxima semana en los juzgados de Valencia, tal como informó ayer el diario Marca, y en ella se aportan importantes pruebas sobre el supuesto arreglo del encuentro, que el Levante UD se habría dejado perder a cambio de un reparto de una considerable cantidad de dinero.
La lista de implicados, de los que la mayoría se convertirán en imputados, ha ido aumentando desde que se destapó el asunto el pasado mes de septiembre. Anticorrupción apunta, al menos, a los 28 futbolistas (los titulares más tres suplentes de cada equipo) que disputaron aquel encuentro. A ellos se unen el entrenador del Zaragoza, Javier Aguirre; su presidente, Agapito Iglesias y dos directivos de la entidad mañana. El entonces técnico del Levante UD, Luis García Plaza, y el presidente «granota», Quico Catalán, no están ni siquiera en la lista de sospechosos.
A los 32 imputados se sumarían algunos futbolistas que no saltaron al terreno de juego, aunque no ha trascendido si son todos y si sería llamado alguno de los futbolistas no convocados. Entre los citados estará el portero suplente del Zaragoza Toni Doblas. Hay pruebas de que, al igual que la mayoría de sus compañeros, recibió dinero de Agapito Iglesias en sus cuentas, antes de devolvérselo al presidente. El futbolista al que más complicaciones jurídicas se le presentan es al exzaragocista Gabi, que como entonces capitán firmó los repartos de las «primas». Ante el juez responsabilizó a su entonces presidente.: «Hice lo que me pidió».
La investigación comenzó después del aviso del presidente del Deportivo, César Lendoiro, a la Liga de tener conocimiento del amaño del encuentro, ya que su equipo descendía a Segunda si el Zaragoza ganaba en Orriols. Las pesquisas dieron resultado. Anticorrupción encontró pruebas al rastrear las cuentas bancarias de los jugadores zaragocistas. Agapito les ingresó una cantidad de 1,2 millones de euros en total, que luego fueron devueltas por los futbolistas en metálico. El motivo: dejar la huella de un pago de primas por ganar en el Ciutat de València. Supuestamente, ese dinero habría sido repartido después entre la plantilla del Levante UD, aunque Iglesias afirmó ante el juez, en la vista a la que fueron llamados varios «implicados», que fue utilizado para sufragar el precio de las entradas de su afición. Desde el Levante UD, Quico Catalán se desmarcó desde el principio del asunto. Era un asunto privado de los futbolistas, vino a decir en su declaración. También fue citado el excapitán levantinista, Sergio Ballesteros, entre otros. La Fiscalía considera que el Levante UD se «vendió» al comprobar como varios futbolistas del equipo no utilizaron sus tarjetas ni sacaron dinero de sus cuentas durante un largo periodo después del partido. Más de uno realizó grandes compras, como algún coche de alta gama.
De aquella temporada, sólo continúan en el Levante UD los defensas Juanfran y Héctor Rodas. Ninguno ha hecho declaraciones públicas al respecto. Levante-EMV habló ayer con varios futbolistas de aquel equipo, pero ninguno quiso realizar declaraciones, al menos, hasta que sea oficial. Todos desmienten, eso sí, categóricamente las acusaciones. Hay algún futbolista que no fue convocado y no sabe si será imputado. Otros que fueron suplentes, pero no participaron, dan por hecho que sí entrarán en la causa.
La Liga de Fútbol Profesional aparecerá en la querella como denunciante. El hecho de que el Levante UD sea un «sospechoso reincidente» perjudica mucho a los futbolistas de aquel equipo. Javier Tebas ha pedido, de hecho, que la LFP actúe también como acusación particular. Quiere que este presunto amaño sirva como modelo ejemplarizante.
Fuentes de la investigación aseguran que hay argumentos de sobra para lograr condenas. La Fiscalía pedirá colaboración de futbolistas a cambio de suavizar castigos, que irán desde inhabilitaciones para los futbolistas que estén en activo hasta graves sanciones sin concretar para los ya retirados. No se contempla, eso sí, que alguno de los acusados termine en la cárcel en un caso sin precedentes en la historia del fútbol español.
