El alcalde de Vila-real, José Benlloch, aseguró ayer que «todas las facturas que recoge el decreto de la Fiscalía son correctas», después de que el jueves él mismo y sus dos compañeros del equipo de gobierno municipal del PSPV, los ediles Emilio Obiol y Sabina Escrig, recibieran la noticia de que la Fiscalía Provincial de Castelló ha pedido su imputación por un presunto delito de malversación y otro presunto delito de falsedad documental. Benlloch aseguró al respecto «estar tranquilo».
«Soy inocente y no estoy aquí para sacar beneficio de la política», ratificó el munícipe, que aseveró que desde el equipo de gobierno «continuarán trabajando por Vila-real». A su vez, ratificó también que descarta su dimisión «porque no estoy imputado y ni siquiera he declarado todavía». No obstante, reiteró su «voluntad» de «poder expresarse y explicarse» ante el juez, en caso de que éste así lo estimara conveniente.
Un decreto «anómalo»
No obstante, el primer edil calificó el decreto fiscal de «anómalo» ya que, según apuntó, éste «no se dirige a nadie en concreto y ni siquiera al final va firmado por el fiscal jefe» de Castelló. Asimismo, tildó irónicamente de «casualidad» el hecho de que la comunicación llegara «justo cuando el ex presidente popular de la Diputación Provincial de Castelló, Carlos Fabra, está a punto de ingresar en prisión» o a pocos meses de celebrar los comicios municipales, el próximo mes de mayo. En esta línea, calificó de «cacería y persecución política» la estrategia que a su juicio está siguiendo la oposición municipal para «acabar» con el partido socialista.
Así, lamentó que el PP «mienta y quiera meternos a todos en el mismo saco de la corrupción» mediante unas acusaciones que, según afirmó, están causando «daño tanto a nosotros como a nuestras familias».
En cuanto a las facturas que han motivado la solicitud de imputación de la Fiscalía, Benlloch reiteró que «el interventor municipal ya rectificó en 2013 el error en el número de la mensualidad de tres facturas». En este sentido, el primer edil argumentó que «ese suele ser un error absurdo y muy común en las administraciones por erratas informáticas».
A su vez, abundó en que la comisión de investigación que, a petición de los populares,se constituyó en su día para investigar estos mismos hechos, «ya comprobó que era todo legal y no había ninguna irregularidad» en torno a las contrataciones efectuadas por el consistorio bajo su mandato.
Los hechos se remontan al pasado mes de mayo cuando el PP de Vila-real presentó una denuncia en la que ponía en cuestión la contratación directa durante 2012 y 2013 de varios servicios a la empresa Ypsilon Public Affairs Management. De hecho la Fiscalía también demanda que junto al alcalde y los dos concejales también se impute a la encargada de la gestión de la firma, Yolanda Souto. Según los populares «existen facturas que exceden el límite de 18.000» que permite contratar directamente servicios sin necesidad de convocar un concurso público.
Benlloch aclaró ayer que el decreto «mezcla facturas de varios años» y dejó la puerta abierta a plantear futuras querellas contra quienes interpusieron la denuncia desde el PP local.
En manos del juez
Por su parte, la secretaria general de los populares en Vila-real, Dora Llop, aseguró ayer «respetar totalmente la decisión del fiscal, pero ahora debemos dejar que la justicia actúe». «En absoluto nos alegramos de que un político de nuestra ciudad pueda acabar en el banquillo, pero tampoco podíamos evitar poner en conocimiento de la justicia las contrataciones irregulares que se produjeron». A su vez, la vicesecretaria de Comunicación del PP provincial, Elena Vicente-Ruiz, pidió al secretario general del PSPV, Ximo Puig, que hoy visita Vila-real, que «aclare» si «piensa exigir su acta de diputado autonómico a Benlloch en el caso de que el juez le impute por un delito de malversación y otro de falsedad documental. «Como siempre hemos hecho desde el PPCS, ante todo pedimos prudencia y respeto al trabajo de la Justicia tras la investigación fiscal», aseguró en ese sentido.
