La concesionaria del almacén subterráneo de Castor, Escal UGS, ha devuelto esta semana a sus inversores los bonos que emitió para financiar la construcción de la instalación, con lo que queda completamente saldada esta deuda de 1.410 millones de euros (a cargo de la indemnización abonada por el Gobierno y que pagarán los ciudadanos a través de la tasa del gas), según datos facilitados por la agencia calificadora Fitch Ratings.
Las mismas fuentes precisaron que dicha amortización ha tenido un coste total de 1.410 millones de euros, frente a los 1.350 millones de la indemnización recibida por Escal. Según Fitch, los 61 millones de diferencia han sido en principio cubiertos por ACS, accionista de la sociedad promotora.
Escal UGS también finiquitó ayer a sus 100 trabajadores en la plataforma, con lo que la empresa de Florentino Pérez se desentiende definitivamente de la gestión del almacén después de haber desatado 550 terremotos durante las pruebas de inyección de gas y sin ni siquiera haber podido poner las instalaciones en funcionamiento. A partir de este momento, Enagás asumirá la gestión total de el almacén de gas subterráneo ubicado a 21 kilómetros de la costa de Vinaròs y a 1.700 metros de profundidad, el cual se creó aprovechando un viejo yacimiento de petróleo abandonado por la multinacional Shell a finales de la década de los 80.
La compañía que asumirá el mantenimiento y la hibernación de la plataforma Castor (Enagás) necesitará al menos dos meses para recopilar toda la información sobre el estado actual de la instalación y sólo a finales del mes de diciembre (o principios de año) podrá estar en disposición de estimar cuánto tiempo se necesitará para llevar a cabo los estudios científicos que dirimirán si la planta debe ser definitivamente desmantelada o si podría reabrirse sin riesgo de generar nuevos episodios de terremotos.
Será responsabilidad de Enagás realizar una evaluación intensiva de las condiciones en las que Escal UGS ha gestionado el almacén subterráneo de gas (a la busca de posibles incumplimientos) y elaborar los informes científicos necesarios para dilucidar si la planta debería directamente ser desmantelada o podría reabrirse con garantías de no generar nuevos terremotos, riesgos para la seguridad y el medio ambiente.
A este respecto, Enagás tendrá que consultar primero los informes ya existentes (incluidos los del Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero de España) y comprobar el avance de los dos estudios que el Ministerio de Industria dijo haber encargado al Massachusetts Institute of Technology (MIT) y a Standford University, que se erigen como dos de los centros más prestigiosos en la materia en EEUU.
De este modo las incógnitas siguen abiertas, aunque la única certeza es que una hipotética reapertura no sería posible sin una amplia elaboración de estudios geológicos en el terreno a medio y largo plazo, cuyos costes podrían ser millonarios. No en vano, fuentes cercanas al Ministerio de Industria ya corroboraron que, según los científicos, los estudios requeridos para evaluar con garantías el riesgo sísmico del proyecto Castor podrían demorarse durante un mínimo de dos años, siempre que la financiación no sufriera interrupciones.
