Más la mitad de la viviendas construidas en la Comunitat Valenciana, concretamente el 53 %, no superarían hoy por hoy el test de eficiencia energética que exige la Comisión Europea desde el 1 de junio de 2013 para minimizar las emisiones de CO2 a la atmósfera y que en 2020, dentro de seis años, deberá ser cero. Un porcentaje que, según la estadística que maneja el Ministerio de Industria, revela la deficiente calidad energética con la que se construyó en la autonomía hasta 1980, como lo demuestra el que, en estos momentos, 1.675.035 viviendas recibirían la calificación «g», la peor de los siete niveles que marca el certificado.
Del total que conforma el parque autonómico de viviendas, casi 3,15 millones de residencias principales y no principales, la mayor parte se construyeron a partir de 1981: 1.366.095. Hay más de 2.30.000 viviendas de construcción anterior a 1940. Y otras 318.000 entre 1941 y 1960.
Por provincias, es Valencia la que tiene un mayor porcentaje de viviendas no preparadas desde el punto de vista de la eficiencia energética, el 64 %. Por su parte, en los municipios alicantinos el 44 % de la planta de viviendas se construyó sin la normativa de eficiencia energética.
Viviendas que se levantaron sin tener en cuenta, para nada, su exposición al clima, o la necesidad de ser respetuosos con el medio ambiente. La necesidad, no obstante, obliga, ya que a partir de 2020 la legislación europea establece que todas las viviendas que se construyan estén completamente blindadas para evitar impactos ambientales o, lo que es lo mismo, reciban la calificación «a».
Algo que ha hecho ya reaccionar a arquitectos y promotores, aunque para ello los costes de construcción se hayan incrementado, en plena crisis, una media del 15 %, aunque ha sido, sin embargo, bien recibido por el sector. «Ahora mismo, el nivel tecnológico de las casas que se levantan es espectacular, y no ya porque la directiva europea es clara y 2020 está a la vuelta de la esquina, sino porque la propia demanda lo exige, tanto extranjeros como españoles», subraya Jesualdo Ros, secretario general de los promotores inmobiliarios de Alicante (Provia).
Desde el 1 de junio de 2013 las viviendas en venta o en alquiler deben disponer de un certificado de eficiencia energética. De no ser así, los propietarios pueden ser multados con sanciones que van desde los 300 hasta los 6.000 euros, según el Real Decreto aprobado el 5 de abril de 2013, que se completó posteriormente con varias enmiendas en el proyecto de Ley de reforma de la rehabilitación. Este certificado especifica mediante una escala de siete letras, de la A a la G, el nivel de emisiones de CO2 en comparación con las dimensiones del edificio. De este modo, se pretende que el comprador o el inquilino pueda «valorar y comparar la eficiencia energética como un factor añadido para la toma de decisiones de compra o alquiler», según el Consell.
La directiva fue traspuesta parcialmente a la legislación española por el Real Decreto 42/2007 de Certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, por el que se aprobaba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios de nueva construcción. Con la entrada en vigor el 1 de junio de 2013 del Real Decreto 235/2013, no solo los edificios de nueva construcción se deben calificar, sino también los existentes cuando se vendan o alquilen. Desde el comienzo de la certificación energética de edificios, el Ivace Energía, como organismo competente en Certificación Energética de Edificios en la Comunitat Valenciana, ha establecido las bases que regulan la certificación energética de los edificios, de forma que se realice eficazmente por técnicos competentes cualificados y que la información contenida en los certificados sea veraz, estableciendo los controles necesarios para ello. Además de dar cumplimiento a la normativa legal, exigible desde del 1 de junio de 2013, el certificado informa sobre el nivel de eficiencia energética de la vivienda en el momento actual, y además en él se incorporan recomendaciones de medidas que podrían ser adoptadas por los propietarios para mejorar la eficiencia energética de su vivienda, y con ello reducir el gasto energético, aunque, de momento, no es vinculante.
El 90 % de los certificados que se han realizado hasta ahora en el conjunto de la Comunitat Valenciana están en los grupos «e», «f» y «g», debido a que la mayor parte de las viviendas se levantaron con unos mínimos de eficiencia energética y casi el 25 % tienen más de 50 años.
